En lo que va de la administración del presidente Felipe Calderón, mil 948 funcionarios públicos han sido denunciados penalmente por actos de corrupción, de los cuales, casi la mayoría fueron en este año, informó el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas.
Durante la Primera Reunión sobre el Sistema Nacional de Fiscalización, Vega Casillas indicó que para mejorar la vigilancia de los recursos públicos en el país es necesaria la coordinación y colaboración entre las instituciones.
Acompañado por Juan Manuel Portal Martínez, titular de la Auditoría Superior de la Federación, el titular de la SFP comentó que “es innegable que en los últimos años se han dado en nuestro país, los mayores avances en materia de rendición de cuentas, fiscalización y control; sin embargo, la ciudadanía y diferentes mediciones internacionales nos señalan que todavía tenemos mucho trabajo por hacer y mejores resultados que dar”.
La buena fiscalización a mi entender, explicó, debe tener dos efectos: Sanción ejemplar a quien se desvíe de la legalidad y acciones de mejora para el ejercicio más eficiente, más eficaz y más transparente de los recursos públicos.
En ese sentido el titular de la SFP añadió que establecer un Sistema Nacional de Fiscalización (SNF) permitirá mejorar la vigilancia de los recursos, cumplir estándares internacionales y combatir la corrupción, cada vez, con mayor fuerza.
Portal Martínez definió como uno de sus proyectos prioritarios el establecimiento de la certificación profesional en fiscalización superior, para su personal y el de las Entidades de Fiscalización Superior Estatales.
Acompañado por el coordinador nacional de la Comisión Permanente de Contralores Estados–Federación, Marco Antonio Abaid Kado; el subsecretario de Control y Auditoría de la SFP, Rafael Morgan Ríos, entre otros, Portal Martínez anunció las metas que se tienen a corto plazo:
La integración de las modalidades de gestión y los grados de autonomía de las entidades; unificación de criterios y perfiles en el nombramiento de titulares de entidades de fiscalización locales.
Así como la organización de los trazos jurídicos para concluir la fiscalización de las cuentas públicas y para la rendición de los informes de resultados, así como la integración de las facultades para regular, ejecutar, controlar y concluir los procesos de fiscalización al igual que los sancionatorios y de requerimiento de información.
Con información de Crónica.
