Colima.- Desde el 15 de diciembre de 2014, cuando organizaciones de la sociedad civil y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) presentaron la solicitud para emitir la Alerta por Violencia de Género (AVG) en Colima, seis mujeres han sido asesinadas en la entidad.
De los seis homicidios: dos casos fueron registrados en Villa de Álvarez, dos en Manzanillo y dos en Tecomán; de acuerdo al protocolo, todo estos hechos deberían estar siendo investigados por la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) como feminicidios.
Además, hay otro posible feminicidio que está siendo investigado por la Fundación IUS Género, de una mujer que posiblemente acudió a una instancia pública a solicitar ayuda por ser violentada, y posteriormente fue encontrada muerta.
Así lo informaron en rueda de prensa, Roberto Chapula de la Mora, presidente de la CEDH; Carmen Nava, del Centro de Atención a la Mujer (CAM); y Evangelina Flores, de la Fundación IUS Género.
Los solicitantes de la medida de protección para las colimenses informaron que el 26 de marzo estarían recibiendo el informe del grupo de trabajo que analiza la posibilidad de la emisión de la AVG en el estado.
Sin embargo, criticaron que el reglamento de este procedimiento no marque como obligatorio que las organizaciones promoventes reciban los resultados del estudio, ni plazos para ello, aunque saben extraoficialmente que será antes de que termine el mes.
Por ello, el ombudsman colimense prepara una propuesta para que la Secretaría de Gobernación (Segob) reforme del artículo 34 al 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para que se mantenga comunicación más estrecha con los solicitantes, así como plazos claros para la presentación de los resultados.
El 5 de febrero pasado se reunió por primera vez el grupo de trabajo, que durante 30 días investigó la situación de las mujeres en varias dependencias públicas del estado y el 4 de marzo concluyó la investigación.
Una vez revisada por la Segob y de nuevo por el grupo de trabajo, los resultados y las recomendaciones para el Gobierno del estado, serán enviadas al Ejecutivo estatal, que tendrá seis meses para implementar las acciones necesarias.
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