Colima.- El presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado, el diputado Rigoberto Salazar Velasco, se congratuló porque los ayuntamientos de Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo y Minatitlán fueron los primeros en cumplir en su totalidad los criterios de armonización contable establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
El legislador local aplaudió que para el ejercicio fiscal 2012 y tras la aprobación de la Ley Municipal de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, los siete municipios priistas y el de Armería, gobernado por el PAN, cumplen con la clasificación económica-por objeto de gastos, con la calificación funcional programática y con la clasificación administrativa que obliga la Ley a partir del último día de 2011.
Lamentó que por problemas internos de carácter político, hasta el mediodía de este viernes, los ayuntamientos de Tecomán y Villa de Álvarez aún no estén en condiciones dar cumplimiento a las disposiciones legales que los municipios de todo el país deben acatar a más tardar el 31 de diciembre de 2011.
Salazar Velasco informó que la Ley General de Contabilidad Gubernamental, establece en uno de sus artículos transitorios, que los sistemas de contabilidad gubernamental de las dependencias de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las entidades federativas y los ayuntamientos, deberán operar y generar en tiempo real estados financieros sobre el ejercicio de los ingresos y gastos y sobre las finanzas públicas, a más tardar el 31 de diciembre de 2012.
En ese sentido, dijo confiar que para el primero de febrero del año próximo, las entidades públicas de Colima estarán en condiciones de emitir su cuenta pública con las características que establece la Ley, es decir, 11 meses antes de la fecha límite establecida en la legislación que regula la contabilidad gubernamental.
En otra información, Rigoberto Salazar destacó el financiamiento por 20 millones de pesos que con Banobras contrató el Ayuntamiento de Colima, que será destinado en su totalidad a las obras de reparación de daños ocasionados por el huracán Jova, señalando que el Congreso del Estado autorizó el crédito por tratarse de acciones prioritarias que las reglas de operación del Fondo de Desastres Naturales no permitió incluirlas.
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