Colima.- Tras la salida de Jesús Orozco Alfaro, como titular de la Administración Portuaria Integral (API), su ex discípulo político, el diputado, Francisco Rodríguez García, desde el Congreso estatal pidió se investigue algunas de sus acciones por considerar que podría haber actos de “corrupción, tráfico de influencias y probable fraude fiscal”.
El legislador explicó que durante el periodo directivo de Orozco Alfaro se condicionó el transporte de contenedores de la concesionaria Contecon SA de CV de la empresa filipina ITCSI – quien aportó miles de millones de pesos al desarrollo de la terminal II del puerto, a una empresa de nueva creación denominada Transmacol SA de CV – a nombre de Gilberto García Zárate y con un número de celular como teléfono de referencia.
“De igual manera enviaremos un oficio al Servicio de Administración Tributaria para que investigue de donde proceden los fondos que sirvieron para financiar la creación de la citada empresa. Con estos oficios hacemos del conocimiento de las autoridades federales de estos probables hechos de corrupción, tráfico de influencias y probable fraude fiscal”, denunció.
De acuerdo a Francisco Rodríguez, “resulta poco creíble que una empresa de la envergadura de ITCSI no tuviera planeada la operación y surge la duda de el por qué condicionar la actividad del transporte a esta nueva empresa”.
«Durante el periodo en el cargo de la API, que recayó en Jesús Orozco, Contecon recibió la instrucción para que se subcontratara el servicio de traslado de contenedores a una empresa de nueva creación llamada Transmacol, lo que representa una irregularidad en apariencia y debe ser investigada», señaló.
Además, el legislador dijo “conociéndole la trayectoria de Orozco Alfaro y sus colaboradores cercanos, realizan empresas de nueva creación para adjudicarse negocios específicos de ellos”.
Por esto, exhorta a Autoridades federales a que Investiguen y den respuestas en este caso específico.
La salida de Jesús Orozco de la API ha sido cuestionada, debido a que sólo hubo cambios en dos direcciones de las APIs del país, lo que, a decir de varios legisladores de oposición, hace suponer que fue en estas dos donde hubo irregularidades.
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