Ciudad de México.- En Periodo Extraordinario, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, el dictamen a la minuta que reforma los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política, en materia educativa.
La minuta había sido devuelta a la Cámara por el Senado de la República y modificada por las comisiones unidas de Educación y de Puntos Constitucionales, previa a su presentación en el Pleno.
El documento fue avalado en lo general por 396 votos a favor, 68 en contra y una abstención. En lo particular, los artículos reservados en términos del dictamen, y las modificaciones aceptadas por la asamblea al artículo Décimo Quinto Transitorio, fueron avalados por 389 votos en pro, 60 en contra y dos abstenciones.
El documento se devolvió a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales y se espera que esta misma semana sea discutido en comisiones y en el Pleno.
Al inicio de la sesión del Pleno, la vicepresidenta de la Mesa Directiva, diputada Dolores Padierna Luna, precisó que como lo establece el primer supuesto de la fracción E del artículo 72 constitucional, la discusión versaría únicamente sobre lo desechado por el Senado, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados por ambas Cámaras del Congreso de la Unión.
Los artículos a discusión fueron: 3º, párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, décimo, decimoprimero y decimosegundo. De la fracción II, el inciso c); inciso e), primer y segundo párrafos, e inciso f). Las fracciones V, VIII, IX y X.
Del artículo 31, fracción I, y del artículo 73, fracción XXV, así como los transitorios segundo, cuarto, noveno (primer párrafo), decimoprimero, decimocuarto, decimoquinto y decimosexto.
Para lo particular, la diputada Padierna Luna precisó que se recibieron 30 propuestas de 20 oradoras y oradores.
Fundamentos
En la fundamentación, la diputada Adela Piña Bernal, presidenta de la Comisión de Educación, expresó que en un ánimo de seguir construyendo consensos y reiterando la disposición de esta Cámara de escuchar a todas las voces, se estimó oportuno considerar algunas de las propuestas planteadas por las y los senadores, en razón de lo siguiente:
En el párrafo décimo del artículo 3º se establece que los materiales, infraestructura y de los planteles educativos serán idóneos para contribuir a los fines de la educación.
En el párrafo decimoprimero, a pesar de ya estar contempladas las ciencias y las humanidades, se enfatiza la importancia de las matemáticas y la lectoescritura en planes y programas de estudio. Además, se mejora la redacción, al referir correctamente la educación sexual y reproductiva.
En el Décimo Primero Transitorio se agrega la obligación para que el Ejecutivo federal, en un plazo no mayor de 180 días, contados a partir de la entrada en vigor de las disposiciones, defina una estrategia nacional de mejora de las escuelas normales para su fortalecimiento.
Además, en el Décimo Cuarto Transitorio se amplía un párrafo para precisar que esta Cámara aprobará en el Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción V del artículo 3º, respecto a la ciencia, tecnología y la innovación.
En el Décimo Quinto Transitorio se realizan ajustes a la redacción para establecer con mayor claridad el financiamiento de la educación superior, a efecto de cumplir cabalmente con su obligatoriedad.
Y finalmente, dijo, en el Décimo Sexto Transitorio se precisa que prevalecerá la rectoría del Estado acorde con el párrafo segundo del artículo 3º.
Peña Bernal expresó que en lo relativo a las demás propuestas de los senadores y senadoras, “consideramos que no abona al espíritu de los acuerdos alcanzados con todos los actores sociales involucrados en el proceso educativo”, lo mismo que opinó en lo relativo a las demás propuestas de las y los senadores, las comisiones unidas de Educación y Puntos Constitucionales.
La diputada explicó que esta reforma abroga la Ley de Servicio Profesional Docente, que es la originaria de los mayores agravios al magisterio y en la que se funda todo el proceso de las evaluaciones punitivas; elimina la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
Establece que la educación es un derecho y no como un privilegio de unos cuantos, ya que obliga al Estado a garantizarla en todos sus tipos y niveles, desde la inicial hasta la superior.
Ratifica la rectoría del Estado en la educación, es decir, garantiza el derecho a la educación sin la influencia de organismos externos a ella, nacionales o internacionales. “Se basará en el respeto irrestricto a los derechos humanos con un enfoque de perspectiva de género y cultura de paz, tan necesarias para combatir desde la escuela la violencia que azota a la nación”.
Puntualizó que el Estado priorizará el interés superior de la niñez en el acceso, participación y permanencia en los servicios educativos sin que esto signifique menospreciar los derechos laborales del magisterio. La reforma distingue a las y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo y reconoce su contribución al cambio social.
También, a los maestros, se les reconoce el derecho a acceder a un sistema de formación, capacitación y actualización realimentado por evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales.
Se fortalecerá a las normales para que sean el centro de la política de formación de profesores para la educación básica.
Se fortalecerá la educación indígena, plurilingüe e intercultural y se establecerán medidas alimentarias en las escuelas de rezago social. Además, la educación buscará el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, así como el cuidado de la naturaleza. Hay muchas cosas que pudiéramos decir del dictamen que aprobamos aquel día. BP
