Colima.- El Congreso del Estado aprobó el crear la Ley de Operaciones Inmobiliarias para el Estado de Colima, con el objeto de regular las operaciones inmobiliarias en la entidad.
También con el objetivo de que se observen y apliquen los principios de certeza jurídica, profesionalismo, máxima seguridad, y estricto cumplimiento de las obligaciones contractuales, para proteger el interés general implicado en las mismas y fomentar el desarrollo de inversiones en el sector inmobiliario de nuestro Estado.
El dictamen fue leído en tribuna por el diputado José Manuel Romero Coello, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, el cual establece que además de regular las actividades de los intermediarios inmobiliarios con la intención de proteger el patrimonio de los que invierten directamente en dichas operaciones, también se logrará aumentar la eficiencia del mercado, incrementado con ello la seguridad de los consumidores y la calidad de los servicios que reciben.
Un punto importante a destacar, es la creación del Registro Estatal de Agentes Inmobiliarios, que estará a cargo de la Secretaría de Fomento Económico.
Lo anterior con la finalidad de llevar un control sobre las personas físicas y jurídicas colectivas que se dediquen a asesorar o intervenir como mediadores en la celebración de operaciones inmobiliarias, para evitar que existan personas que se ostenten como agentes inmobiliarios con registro sin contar con la autorización de la Secretaría de Fomento Económico.
Con ello se considera que se estará haciendo frente común a la informalidad, a los fraudes y a la evasión en beneficio del fomento al empleo, mayor captación de recursos y de inversiones.
Con la aplicación de una debida normativa de consumo en el sector de la intermediación inmobiliaria, se establecerán también procedimientos eficaces para la defensa de los convenios celebrados entre agentes inmobiliarios, consumidores y usuarios, así como constituir una mayor garantía en los derechos de unos y otros, para generar un entorno que les brinde mayor certidumbre y seguridad jurídica.
El beneficio social que se pretende obtener con esta Ley que regula la actividad de los prestadores servicios inmobiliarios, es brindar protección al patrimonio de las personas que los contratan, en virtud de que en algunas ocasiones se han presentado fraudes o algún otro acto ilícito, en los que algunos agentes inmobiliarios engañan o brindan información equivocada al propietario respecto al monto por el que podrían vender el inmueble, logrando en algunos casos quedarse con la propiedad.
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