En votación unánime, el Congreso del Estado exhortó al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión, para que en el Presupuesto Federal de Egresos del año 2012, destinen una partida presupuestal a las entidades federativas del país, a efecto de que puedan cumplir en su totalidad con las atribuciones conferidas en materia de narcomenudeo.
A través de un punto de acuerdo presentado por Itzel Ríos de la Mora, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, la diputada priista recordó que a partir del 21 de agosto de 2010, compete a las autoridades locales de seguridad pública y procuración e impartición de justicia, conocer y ejecutar sanciones y medidas de seguridad de los delitos previstos en materia de narcomenudeo; sin embargo el Estado de Colima no ha recibido ninguna aportación económica por parte del Gobierno Federal para afrentar a esa tarea.
Mencionó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que a partir de la fecha señalada, se encuentra vigente la competencia de las autoridades estatales de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, así como de ejecución de sanciones, para conocer de los delitos de narcomenudeo, lo cual significa que dichas actividades se desempeñan con los recursos ya asignados para el rubro de la seguridad y con los del Poder Judicial del Estado, los cuales resultan insuficientes.
Ante ello, el Congreso del Estado estimó sumamente importante exhortar, tanto al titular del Ejecutivo Federal, así como al Congreso de la Unión, para que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012, destinen una partida presupuestal a las entidades Federativas del país, a efecto de que las autoridades competentes locales puedan cumplir en su totalidad con la ejecución de las atribuciones conferidas en materia de narcomenudeo.
Ríos de la Mora expresó que el Decreto número 211, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de Agosto de 2009, reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, cuyo paquete de modificaciones se conoce comúnmente como “Ley contra el Narcomenudeo”.
Indicó que ese Decreto le confiera a las entidades federativas competencia y atribuciones para coadyuvar con la Federación en el combate de algunos delitos federales que sean considerados por la Constitución General de la República como materias concurrentes entre los órdenes federal y local, mediante su correspondiente persecución, investigación y sanción.
Finalmente, señaló que el delito relativo a narcomenudeo actualmente es conocido por el ministerio público del fuero común y por el Poder Judicial del Estado, razón por la cual el Congreso del Estado adecuó las normas locales a la realidad y acciones que vienen desempeñando las autoridades encargadas de administrar e impartir justicia.
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