Las fuerzas de seguridad del Estado mexicano y el comisionado federal para Michoacán ya desarticularon las bases mafiosas y del narcotráfico urdidas por los Caballeros Templarios. Pacificaron, mediante acuerdos con las autodefensas convertidas en guardias rurales, muchos municipios (gobernados por todos los partidos) cuyos ediles y edilas tejieron complicidades con la delincuencia organizada desde hace, al menos, dos décadas.
Sin embargo, a cuentagoteo, el único líder sobreviviente del grupo violento, Servando Gómez, La Tuta, con estrategia acompasada ha ido soltando videos que evidencian las pláticas sostenidas con representantes populares, muchos de los cuales sometidos a la justicia y encarcelados. Recuérdese, por ejemplo, los casos emblemáticos del secretario general de Gobierno, Jesús Reyna, y del hijo del gobernador Fausto Vallejo.
La Tuta no ha sido capturado y la muestra más tangible de su desparpajo es la exhibida (en el camino también para los policías y soldados que lo buscan) a dos periodistas, uno corresponsal de Televisa, que lo asesoran en comunicación, reciben dinero del forajido y, muy orondos, recomiendan pasos a seguir que potencien la presencia mediática del criminal. El consorcio televisivo se quiso deslindar de la grave situación y rescindió el contrato de su informante histórico en esa región del país.
El video llegó a las oficinas del noticiario de Carmen Aristegui, en MVS, y originó una tolvanera que, prácticamente, quiso enjuiciar al periodismo en su conjunto. En la mesa de discusión de ese noticiario, Denisse Dresser, apocalíptica, como siempre, señaló que el hecho es una “sacudida para los medios” y “un fuerte golpe a la credibilidad del periodismo nacional”. En lo que casi atinó fue en la complicidad de tales periodistas es preocupante a la base social de los templarios.
Sergio Aguayo, más equilibrado, señaló que un segmento de los medios es parte integral de la corrupción y cómplices conscientes del crimen.
Por su parte, el historiador Lorenzo Meyer, fue más preciso: es una falla del gobierno federal y el juicio sobre el video debe provenir desde el Estado que incumple, y no tanto desde la prensa y sus valores.
En conclusión, no debe haber metralla contra el ejercicio periodístico en general, menos situarlo con una calificación adversa contra quienes sí practican la información y la noticia desde el profesionalismo.
La urdimbre social de Michoacán se dañó, también, por la desatención y extravíos de gobernantes que sucumbieron a las presiones criminales y en consecuencia cada uno de los niveles de la sociedad. Esto es un nuevo llamado de atención para el estado mexicano.
