Ante la incapacidad que han mostrado los procuradores de los estados de la República, para garantizar seguridad a los ciudadanos, ahora pretenden reformas legales que los faculte para ir contra quien sea, dijo el Senador de la República, Carlos Sotelo García.
Advirtió que la demanda de los procuradores, por llevar a cabo una reforma constitucional, para que la figura del arraigo opere, no sólo en casos de delincuencia organizada, sino que sea, también, aplicable a los delitos del fuero común, lo que pretenden es que se les autorice detener a cualquier ciudadano, para investigar si es responsable de algún acto ilícito, para, luego, y, en la mayoría de las veces, liberarlo al final, sin ofrecerle siquiera disculpas.
Es una realidad, dijo el legislador, que estas autoridades no tienen capacidad para investigar y procesar a los verdaderos delincuentes, y por ello, lo más fácil es generar un Estado Policiaco, y eso no debe ni puede permitirse.
Sobre este punto, abordado por los procuradores en Ixtapan de la Sal, en el marco de la Vigésima Cuarta Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la cual concluyó el pasado 27 de noviembre, el perredista Carlos Sotelo García, presidente del grupo plural del Senado, que da seguimiento al caso de los alcaldes y los funcionarios de Michoacán, detenidos, por supuestos vínculos con el crimen organizado, advirtió que dicha figura ha sido utilizada por el gobierno federal, con fines políticos y electorales, para prefabricar cargos a gente inocente.
Carlos Sotelo recalcó que la figura del arraigo, en diversos mecanismos internacionales la consideran como “una forma de detención arbitraria, que propicia violaciones a los derechos humanos, como actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
Recordó que, con el aval de senadores de todas las fuerzas políticas, el pasado 26 de mayo presentó una iniciativa para que se derogue la figura del arraigo y salga de la Constitución, toda vez que no ha servido para enfrentar y derrotar a la delincuencia organizada, sino para suplir las incapacidades de los aparatos de procuración de justicia. Además, dicha iniciativa, contempla reforzar el principio de presunción de inocencia, acotar el valor probatorio de los testigos protegidos e instaurar la responsabilidad patrimonial del Estado por detenciones indebidas.
Sostuvo que los procuradores y los agentes del Ministerio Público deben profesionalizarse, para que recurran a los métodos de investigación, y no pedir carta blanca para arraigar de manera indiscriminada; si no pueden con esas tareas, que renuncien y permitan que su lugar lo ocupen profesionales, con ganas y capacidad para servir a la ciudadanía.
México, agregó, no puede incursionar en la experiencia del peor momento de las dictaduras latinoamericanas, cuando la gente era forzada a declararse culpable, mediante torturas y retenciones ilegales; y hoy estamos en este peligroso escenario.
