Colima.- Los retrasos en el pago a los trabajadores del Gobierno del Estado que se han presentado en las últimas quincenas son un problema grave, de fondo, y no sólo una distorsión financiera, puesto que los recursos para solventar estas obligaciones sí se asignaron desde el Poder Legislativo, aseguró el diputado Fernando Antero Valle, secretario de la Comisión de Hacienda y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso.
“Desgraciadamente hemos visto cómo el gobernador ha amagado de manera sistemática a la clase trabajadora de su propio gobierno con despidos, falta de pago oportuno a trabajadores de confianza, falta de pago a los compromisos contraídos con la base sindical, falta de pago a proveedores, falto de pago a acreedores, y consecuencia de ello es el desorden que priva en el propio Gobierno del Estado”.
En entrevista con AFmedios, el legislador destacó que alrededor de 70 por ciento del presupuesto que se le asigna al Ejecutivo se destinó para que tuviera suficiencia financiera, específicamente en el rubro de gasto corriente, el cual incluye los pagos al personal del Gobierno del Estado.
“Si no existen recursos para enfrentar operativamente la administración estatal, menos aún hay para sacar adelante programas de desarrollo social. En resumen, es un verdadero desastre financiero al que ha llevado el propio Gobierno del Estado”.
Antero Valle, quien será diputado federal por la vía plurinominal, consideró que la actual secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, Blanca Isabel Ávalos Fernández, debe informar al Congreso del Estado por qué el desastre financiero, y que los legisladores deben analizar ese informe para determinar las responsabilidades de los servidores públicos involucrados en él, pues la falta de dinero para los compromisos financieros enmarca corrupción, desvío de recursos y cohecho, entre otros ilícitos.
“El Ejecutivo estatal mandó un proyecto de presupuesto en el que ya se preveía la disminución de partidas federalizadas de cerca de 14 por ciento, y el proyecto se ajustó con esa previsión. ¿Por qué hoy dice que hay una reducción de partidas y participaciones federales? Cree que el Congreso del Estado se chupa el dedo”.
El diputado panista acusó al mandatario de ocultar mucha información, pues no sólo se trata del gasto corriente, sino de la falta de pago de pensiones, programas, becas, incluso a los adultos mayores, pese a los más de 10 mil millones de pesos que autorizó el Congreso del Estado para el gobierno.
Además, agregó, se han derivado siete denuncias de carácter penal por parte de la Auditoría Superior de la Federación, y sería muy bueno saber qué pasó con los programas en los que hubo desvíos desde 2008 hasta 2014.
“La Comisión de Hacienda tiene atribuciones para solicitar al órgano de fiscalización del propio Congreso del Estado una auditoría acerca del manejo de todos los recursos, y yo creo que sería muy oportuno que se iniciara con una revisión profunda”.
Sin embargo, lamenta que la composición del Congreso local, con mayoría de legisladores priistas, no permite que desde la institución se exijan cuentas; y señala como ejemplo que en esa comisión que debería solicitar la auditoría prevalece la mayoría priista, y que incluso su presidente, Óscar Valdovinos Anguiano, es un legislador tricolor.
“Desgraciadamente los números en términos políticos no nos dan esa posibilidad”.
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