Apuntes Para el Futuro
Por: Essaú LOPVI
El pintor español Salvador Dalí, en una de sus célebres declaraciones del siglo pasado, expresó sobre México: «De ninguna manera volveré a México; no soporto estar en un país más surrealista que mis pinturas» . Y, aunque su comentario parecía exagerado, el tiempo le ha dado la razón. No lo culpo.
Sin embargo, hay días en los que pienso que nuestra clase política lleva ese surrealismo a niveles que Dalí jamás habría imaginado. Su actuación no solo desafía la lógica, sino que rosa el absurdo, como si habitaran en una realidad alterada.
A donde quiero llegar con todo esto, estimados lectores, es una reflexión que espero poder visualizar fácilmente. Imaginen que ustedes son propietarios de una empresa o institución, y contratan a una persona cuya responsabilidad principal es velar por el bienestar de los empleados, evitando abusos, acosos o malos tratos de cualquier tipo. Ahora bien, como cualquier empresa, tienen la opción de renovar el contrato de ese empleado dependiendo de su desempeño.
Sin embargo, al revisar su historial, descubren que, de todas las quejas presentadas durante su gestión, el 99% fueron ignoradas o, dicho de otra manera, no hizo nada al respecto. Peor aún, como consecuencia de su ineficiencia, dos figuras claves dentro de la organización se vieron obligadas a renunciar.
Pese a estos antecedentes, al finalizar su período, esa persona se presenta en Recursos Humanos solicitando que le extiendan el contrato por un nuevo periodo. Ante tal panorama, uno no puede evitar recordar una frase icónica del expresidente Enrique Peña Nieto que ha pasado a la posteridad en numerosos memes: «Y ustedes, ¿qué harían?» .
Pues bien, esa situación, pero con consecuencias mucho más graves para el país, es exactamente lo que ha hecho la actual titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, durante su reciente comparecencia en el Senado de la República.
Según lo expuesto por la misma comisión de senadores en su comparecencia, hasta octubre de 2024 se habían registrado 3 mil 480 quejas por violaciones a los Derechos Humanos cometidos por miembros de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin embargo, en el 99 por ciento de estos casos, Piedra Ibarra se negó a emitir una recomendación que protegiera a los ciudadanos que acudieron a la CNDH en busca de justicia.
A esto se suma el hecho de que la comisionada ha sido fuertemente criticada tanto por organismos nacionales como internacionales de derechos humanos por negar que México esté militarizado y por sostener, contra toda evidencia, que en el país “no se violan derechos humanos, no se tortura y no existen desapariciones forzadas” perpetradas por el Estado.
Esta afirmación contrasta de manera alarmante con la creciente participación de las fuerzas armadas en trabajos de seguridad pública, investigación y vigilancia, lo que pone en evidencia una contradicción entre el discurso oficialista y la realidad del país.
No es novedad para ningún mexicano que el país atraviese una crisis de seguridad, una crisis que se extiende desde las entidades más pequeñas hasta las de mayor relevancia territorial. Tampoco sorprende la inoperancia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Lo que resulta aún más grave es que esta Institución, cuyo propósito debería ser defender a los ciudadanos, parece más inclinada a proteger al Estado.
Bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, México alcanzó cifras récord de violencia, registrando 199 mil 621 homicidios dolosos. Se trató del sexenio más violento desde que se tiene registro, superando incluso los niveles de violencia de todos los sexenios desde el mandato de Carlos Salinas de Gortari.
Hoy en día, la información sobre desapariciones, violaciones a Derechos Humanos y el aumento de la violencia solo parece estar disponible a través de la prensa y organizaciones no gubernamentales, quienes se han convertido en los verdaderos informantes sobre estas crisis.
Un ejemplo reciente es la grave situación que enfrenta el estado de Sinaloa, donde la población vive con el temor constante de salir a las calles, por miedo a sufrir alguna agresión. Mientras tanto, la bancada oficialista en el Congreso arropa al gobernador Rubén Rocha Moya, minimizando la gravedad de la crisis.
En una reciente manifestación de apoyo, Ricardo Monreal, líder de la bancada morenista, y Sergio Gutiérrez Luna, presidente del Congreso, exclamaron: «Todos somos Rocha Moya» , un grito que parece ignorar la difícil realidad que enfrenta la entidad.
Durante su comparecencia ante las Comisiones de Derechos Humanos y Justicia, en su intento de ser reelegida al frente de la CNDH, Piedra Ibarra fue duramente cuestionada. Desde la forma en que llegó al cargo en 2019, hasta su defensa incondicional de la militarización del país, sus respuestas fueron objeto de escrutinio. En varias ocasiones, los presidentes de las comisiones, Celeste Asencio y Javier Corral, de Morena, intervinieron para restringir las preguntas de los senadores y proteger a la Ombusperson de los cuestionamientos.
De las 48 personas admitidas en el concurso para ocupar la CNDH de 2024 a 2029, Piedra Ibarra fue la última de 18 contendientes en presentar su comparancia. Durante casi dos horas, defendió su gestión con el uso reiterado de términos como “pueblo”, y “transformación”, argumentando su apego a la Ley de Austeridad Republicana impuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, cuando fue cuestionada sobre la militarización y la crisis de derechos humanos en México, Piedra insistió en negar la realidad. Respaldó el discurso de López Obrador y la actual presidenta Claudia Sheinbaum al asegurar que en México “no se violan derechos humanos, no se tortura ni hay desapariciones forzadas”, a pesar de los múltiples ejemplos recientes, como las ejecuciones extrajudiciales de migrantes en Chiapas y el intento de la Guardia Nacional de ejecutar a una civil en Sinaloa.
Así las cosas, el discurso oficial parece pesar más que las acciones necesarias para resolver los problemas de Derechos Humanos y Justicia que enfrenta el país. Repetir el mantra del oficialismo parece ser la única preocupación de nuestros políticos, quienes buscan perpetuarse en el poder sin importarles el costo para los ciudadanos.
