Colima.- Desde hace muchos años se sabe que uno de los principales problemas en México es la impunidad y la falta de acceso a la justicia.
En octubre de 2020, México Evalúa dio a conocer que, en promedio, los delitos quedan impunes en 94 por ciento de las ocasiones, con casos alarmantes como el de Sinaloa, estado en el que la impunidad alcanza 99 por ciento.
Aunque durante mucho tiempo se ha dicho que esta situación se debe a un sistema judicial rebasado y poco capacitado, la realidad es mucho más compleja: hay toda una estructura de intereses que se benefician del no cumplimiento de la ley, por lo que no sólo toleran, sino que alimentan y propician la impunidad.
Esta es la idea central del informe “La impunidad activa en México. Cómo entender y enfrentar las violaciones masivas a los derechos humanos”, preparado por el ITESO y la University Network for Human Rights.
Luis Arriaga Valenzuela, SJ, rector del ITESO y presidente de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (Ausjal), señaló que a pesar de que la actual administración ha hecho hincapié en el combate a la corrupción, la realidad es que la crisis de derechos humanos se ha agudizado, así como los secuestros, las desapariciones forzadas, los feminicidios y los asesinatos de periodistas y activistas.
“La impunidad activa implica que hay una estructura de intereses que buscan entorpecer deliberadamente las investigaciones. Es una práctica compleja que impide el acceso a la justicia y es muy difícil de desmantelar”, dijo el Rector del ITESO.
Arriaga Valenzuela añadió que la única manera de escapar de esta situación es con voluntad política, con la exigencia de la sociedad civil y con la cooperación y el acompañamiento internacional. En ese sentido, agregó, está comprobado que la participación de instancias autónomas e internacionales “si bien no pudieron resolver las situaciones en otros países, sí contribuyeron significativamente”, y concluyó diciendo que “no debemos renunciar a la exigencia de una reforma profunda del sistema judicial”.
El estudio fue coordinado por Alejandro Anaya Muñoz, coordinador de la Maestría en Derechos Humanos y Paz del ITESO; James Cavallaro, fundador y director de la University Network for Human Rights, y Patricia Cruz Marín, quien realiza el Bernstein Fellowship de la Yale Law School en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
En el documento se analizan once casos en los que ha imperado la impunidad, todos ocurridos durante la llamada “guerra contra el narcotráfico”.
También se revisa la actuación de mecanismos internacionales como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que trabajó en el caso Ayotzinapa, así como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES). “Buscamos analizar a fondo la impunidad, encontrar su porqué y, sobre todo, por qué parece no haber soluciones suficientes”, dijo Cavallaro.
Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Cejil, señaló que la impunidad se construye no sólo de omisiones de las instituciones, “sino de acciones que requieren la participación de diversos actores, en distintos niveles”. Si bien el informe está centrado en México, agregó que arroja luces “para entender mejor las dimensiones sociales del problema y da elementos que sirven para el resto de la región. Esta información es un paso grandísimo”.
Para la defensora de derechos humanos Mariclaire Acosta, el documento es un “análisis espléndido, un instrumento muy útil para afrontar el problema de la impunidad estructural”, al tiempo que se constituye como un “instrumento pedagógico para que la gente vea que hay una posible ruta de salida”.
José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dijo que el concepto de impunidad activa debe llevarse más allá y analizar la impunidad activa en el sistema judicial y en los ministerios públicos. “Este documento hace ver con otros ojos un problema al que ya le hemos prestado atención”.
Para Luis Daniel Vázquez, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), todo diagnóstico debe poner el foco en las redes de macro criminalidad, así como en las relaciones de la política con el crimen. También hizo énfasis en señalar que la impunidad “no apareció en 2006 con [Felipe] Calderón, sino que tiene por lo menos 70 años”.
De acuerdo con el estudio, la impunidad activa se realiza en acciones concretas como la alteración de la escena de los hechos y la siembra de evidencia falsa, la negativa a recibir denuncias e iniciar investigaciones; la intimidación y amenazas a víctimas, familiares y testigos; la presentación de cargos contra las víctimas, la reticencia de las autoridades civiles a investigar a elementos de las fuerzas armadas, la reticencia de las autoridades a investigar casos de narco política y el intento de manchar la reputación de las víctimas.
Para combatir esta situación y a partir del estudio del trabajo y los resultados de los organismos internacionales que han intervenido el México, Honduras, Guatemala y El Salvador, el documento propone la creación de un Mecanismo Internacional contra la Impunidad Activa en México. Sin embargo, para Acosta, uno de los problemas centrales para adoptar esta medida es que primero “hay que generar voluntad política en un Estado capturado por las redes de macro criminalidad”. En ese sentido, señaló que si bien en el periodo de transición previo a la llegada de la actual administración hubo mesas que buscaban crear comisiones de memoria, verdad y justicia, desde diciembre de 2018 el interés se ha ido diluyendo.
Para Vázquez, lo ideal es comenzar a pensar en elementos de justicia transicional y en figuras de construcción de paz. “Transitar de un Estado para la guerra a un Estado para la paz y construir un sistema en el que los mecanismos extraordinarios [internacionales] fortalezcan a los ordinarios, y viceversa”.
Derechos Reservados AF
