México.- El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, encabezó la II Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública 2012, en donde estableció el tema de seguridad como Política de Estado, instrumentando seis líneas de acción: planeación, prevención; protección y respeto a los derechos humanos; coordinación; transformación institucional; y evaluación y retroalimentación.
El mandatario nacional recalcó que establecerá un diálogo permanente porque es lo que Mexico demanda: «un país tranquilo y seguro y corresponde a todos trabajar al unísono y en estrecha coordinación para lograr mayores resultados en beneficio de la sociedad mexicana».
Estableció que habrá una política de Estado de corresponsabilidad ajena a intereses de partido.
Instó a los gobernadores de los estados a trabajar por un país en paz, equitativo y seguro, sin colores partidistas que dividan.
“Somos un mismo equipo comprometido a trabajar por un México en paz. Los ciudadanos han puesto sus esperanzas y no podemos defraudarlos: construyamos un México en paz, incluyente, próspero de derecho y libertades».
Añadió que se trata de cumplir y no de competir, ante el reclamo social más sentido de los mexicanos como lo es la seguridad.
Al hacer uso de la palabra, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, luego de presentar cifras en materia de seguridad, señaló que se establecieron cinco regiones de trabajo.
Consideró que hay retos comunes y el compromiso es claro: «trabajar para que los ciudadanos y sus familias vivan libres».
«No creemos en el discurso que reparte culpas, entendemos que el éxito o fracaso es responsabilidad de todos», dijo.
El funcionario federal aseguró que no se trata de competir entre quienes tienen la responsabilidad, se trata de materializar acciones y dar resultados.
A su vez, el procurador Jesús Murillo Karam, en un breve diagnóstico de la situación que guarda la procuración de justicia, señaló que durante muchos años no requirió de reformar la infraestructura porque no se necesitaba, fue el surgimiento de la delincuencia con dinero lo que propició que se tuviese que actuar frente a la coyuntura.
Mencionó que hay una desvinculación entre la investigación y el planteamiento ante los Ministerios Públicos.
Abordó temas como la fuga de información y la corrupción, y señaló que «la investigación se cubre con mecanismos de consignación, violentando derechos fundamentales».
Además, manifestó que el sistema penitenciario perdió la capacidad de reinserción social. «Las instituciones deben tener meta la justicia plena, que no haya un inocente en la cárcel y el delincuente tenga el castigo».
A nombre de los gobernadores, el mandatario de Chihuahua, César Duarte Jáquez, manifestó su beneplácito por la visión regional que se da al problema de la seguridad, ya que dijo en gran parte obedece a un patrones geográficos.
Expresó que no se deben llevar problemas a donde no existe, además de la necesidad de afinar la estrategia en las regiones que hay crisis a partir de la seguridad.
También consideró importante el fortalecimiento al Ministerio Público, compromiso que se debe asumir en las entidades, atendiendo y fortaleciendo al Poder Judicial. «No puede haber ausentes en la mesa», expresó.
Hay que fortalecer la corresponsabilidad e ir alentando lo que se esté haciendo bien, replantear la manera de calificar avances en materia de seguridad y que se convierta en política de estado, estimular al policía y a las instituciones.
Duarte Jáquez consideró que se debe salir de la agenda mediática de la violencia, porque «la seguridad genera riqueza, sin seguridad no hay actividad que prospere».
A nombre de los mandatario estatales se reconoció el acuerdo firmado en el que los partidos y gobernadores cierran filas.
Finalmente retomó el tema de las armas, el cual dijo se debe analizar, haciendo alusión al incidente de Connecticut, en Estados Unidos, donde un joven masacró a más de 20 personas, en su mayoría niños.
Líneas de acción para el combate de la inseguridad
1.- Planeación. Fijar metas claras que permitan trazar la ruta a seguir y objetivos prioritarios, para reducir la violencia y recuperar la paz, en particular disminuir homicidios, secuestros y extorsiones; por lo que se articularan programas, esfuerzos, acciones y presupuestos.
Se planeará política y cambios institucionales de mediano y largo plazo. Se asignarán responsabilidad y fechas de cumplimiento para cada institución de la República y gobiernos estatales.»
2.- Prevención. Se enfocarán los esfuerzos institucionales para atender causas y no sólo consecuencias del fenómeno delictivo, ya que este rubro es esencial la participación ciudadana.
Con la finalidad de alejar a la sociedad y futura generaciones de la delincuencia, habrá un programa transversal de preveción que alineará políticas para prevenir adicciones, rescatar espacios públicos, ampliar las escuelas de tiempo completo.
De aprobarse en la Cámara de Diputados el programa contará con 115 mil 625 millones de pesos para 2013. Además de 2 mil 500 millones para fondo de prevención del delito, para mejorar entorno urbano, empresas sociales y construir una ciudadanía responsable y solidaria a través de valores cívicos.
Se instruyo al titular de Secretaría de Gobernación (Segob) para que se instale la Comisión Intersecretarial de Prevención del Delito, en la que cada dependencia tendrá una responsabilidad precisa para alcanzar objetivos.
3.- Protección y respeto a los derechos humanos. Para cumplir a demanda de ciudadanos de respeto a la ley y derechos humanos, se pondrá en marcha programa nacional enfocado a este rubro para fortalecer las áreas del gobierno y crear la instancia federal que dé seguimiento a instrumentación de la reforma de derechos humanos. También habrá protocolo de actuación para los cuerpos de seguridad del país.
Se impulsará la legislación en materia de atención a las víctimas, reparación del daño y uso legítimo de a fuerza. Además el marco legal de la desaparición de personas conforme a estándares internacionales y se retirarán reservas hechas a tratados internacionales.
Se depurará y reestructurará el Instituto Nacional de Migración. Se instrumentarán políticas públicas en materia de personas no localizada que contemple base de datos de información genética y fuerza de búsqueda especializada.
4.- Coordinación. El territorio se dividirá en cinco regiones operativas, que han sido consensuadas por gobiernos. Se fortalecerá colaboración entre instituciones y autoridades de estados, del DF y municipios, ya que es responsabilidad de todos reducir violencia y recuperar tranquilidad.
Los responsables de las áreas de Seguridad y procuración de justicia se trasladarán a regiones para atender las problemáticas. Se establecerá un sistema de coordinación y cooperación conducido por la Segob, con lo que habrá orden, confianza, responsabilidades y competencias claras en los tres órdenes de gobierno.
Habrá protocolos y sistemas para ágil intercambio de información que aproveche los avances que tiene plataforma México. Para apoyar a los estados, la Segob y Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) revisarán fondos para seguridad y estarán pendientes de entregarlas a las entidades federativas, quienes rediseñarán las reglas de operación para que el flujo de recursos sea más ágil.
5.- Transformación institucional. Política de Estado referente al cambio estructural en el ámbito policial y de procuración de justicia. La Segob se hará cargo de funciones de la extinta Dirección de Seguridad Pública y se reorganizará la Policía Federal asegurando el control interno de la corporación. Se creará la Gendarmería Nacional, responsable de fortalecer el control territorial en municipios con menor debilidad institucional, así como puertos, aeropuertos y fronteras. Se prevé que al inicio cuente con 10 mil elementos integrados.
Las Fuerzas Armadas seguirán apoyando en tanto se consolidan y reestructuran las policías estatales. En tanto, los gobiernos estatales deberán establecer tiempos límites para cumplir con la restructuración de fuerzas estatales. Mientras eso ocurre, habrá un mando único policial y convenios con municipios. Estos serán los primeros pasos en tanto se logran los consensos para alcanzar la reforma que debe tenerse en el país para el mando único de policías estatales.
Habrá policías confiables, profesionales y eficaces que darán mejores resultados, por lo que se hará realidad la carrera policial: se pondrán en operación cinco centros regionales de preparación de cuerpos policiacos, un centro especializado de formación de mandos de seguridad pública; además, se crearán 15 unidades de la Policía Federal enfocadas a combatir secuestro y extorsión.
Se fortalecerá y modernizará la Procuraduría General de la República, que incrementará la capacitación de la Policía Ministerial, agentes del Ministerio Público y peritos para hacer de la investigación científica la piedra angular de la procuración de justicia. La PGR hará una revisión exhaustiva de la figura del arraigo y presentará propuestas para corregir sus excesos en su aplicación.
6.- Evaluación y retroalimentación. dentro de las políticas de Estado para la seguridad y justicia de los mexicanos será evaluada cada acción contemplada, de forma permanente y con acciones medibles que sirvan a la ciudadanía para calificar democráticamente el desempeño de las autoridades. También servirá para retroalimentar y ajustar esta política con el objetivo de darle a la sociedad paz y tranquilidad, y reducir la violencia.
A las 13:45 horas quedó clausurada la sesión.
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