Santiago, Chile.- La tarde del pasado martes 28 de mayo, el debate político chileno se vio encendido por un hecho muy particular.
Durante el desarrollo de una actividad en terreno en la ciudad norteña de Arica, en el marco de su candidatura a la presidencia del país, Michelle Bachelet, fue duramente cuestionada por un joven estudiante de Antropología, quién no encontró mejor manera de manifestar su malestar por la presencia de la candidata que arrojarle un escupitajo en su rostro.
Esto generó el repudio de todos los sectores políticos y sociales del país, pero a la vez instalando una fuerte discusión en torno a la credibilidad y real confianza de la que gozan las autoridades del mundo político actualmente.
La reacción de la candidata no se hizo esperar. Enérgicamente condenó el hecho, afirmando que “un sujeto que no entiende ni respeta la democracia” no sería capaz de atemorizarla, y que seguiría trabajando libre y respetuosamente para servir al país.
La misma actitud tuvieron el resto de los candidatos y sectores políticos, e incluso el Presidente de la República, Sebastián Piñera. El apoyo a Bachelet fue transversal, apelando a que el desarrollo democrático se veía empañado por este tipo de actos violentos.
Sin embargo, cabe destacar el discurso no oficial que este hecho ha generado. Actualmente la credibilidad del mundo político chileno se ha visto bastante mermada debido a casos de corrupción revelados por medios de prensa alternativos, que han acusado a parlamentarios en ejercicio de recibir dineros por parte de transnacionales para aprobar leyes a su favor (tal es el caso de la Ley de Pesca hoy vigente), e incluso la difusión de las actividades financieras del ex candidato de la derecha, Laurence Golborne, quién debió desistir de la carrera presidencial debido al repudio que generaron sus finanzas ilegales en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes.
Todos estos hechos, sumados a la toma de conciencia por parte de la ciudadanía respecto a la actividad política y sus fracasos, han provocado reacciones tales como marchas y protestas estudiantiles masivas, altas tasas de abstención electoral en las elecciones municipales de 2012, que reflejan la baja confianza de la sociedad respecto de las autoridades, y altos niveles de rechazo al gobierno actualmente en ejercicio (la última encuesta Adimark, realizada en el mes de abril arroja sólo un 34 por ciento de aprobación para el gobierno derechista de Piñera).
Específicamente en el caso de Bachelet, el escupitajo de este estudiante no sólo representa simbólicamente la decepción que hoy siente la ciudadanía en torno a la actividad política en general, sino que también representa el malestar de sus detractores, descontento que se remonta a los cuatro años de su gobierno anterior.
Si bien éste obtuvo altos niveles de aprobación a su término (84 por ciento de respaldo arrojaron las encuestas en el año 2010, siendo las cifra más alta de aprobación que un presidente ha alcanzado al dejar su cargo), persisten en la sociedad algunos cuestionamientos a ciertos programas realizados y proyectos inconclusos de su gobierno.
En materia educacional, la agenda más álgida y compleja hoy en día en Chile, a pesar de enfrentarse a un fuerte movimiento estudiantil de nivel secundario a principios de su gobierno en 2006 (el cual fue conocido como “Revolución Pingüina), sus esfuerzos por lograr una reforma educacional que finalizara el lucro en la educación escolar y universitaria fueron nulos; asimismo, su falta de interés en torno a la necesaria estatización de los colegios y a la urgencia de eliminar la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE, creada bajo la dictadura de Pinochet) ha devenido actualmente en una crisis total del sistema educativo en Chile, que sigue sobreviviendo en base a normas dictadas en un gobierno autoritario.
Dicha traición a sus principios socialistas (ella pertenece a dicho partido), su nulo esfuerzo por realizar una Asamblea Constituyente y la profundización durante su gobierno del sistema económico capitalista (aprobación de aproximadamente 126 proyectos energéticos termo e hidroeléctricos con fuertes impactos medioambientales, cuyos dueños ni siquiera son empresas de carácter estatal, sino privados y extranjeros), son las razones principales por las cuales la ciudadanía del espectro más cercano a la izquierda desconfía de sus intenciones de regresar a la presidencia.
Existe temor a que se repita la misma historia acontecida con Piñera, quién no ha cumplido ni siquiera el 40 por ciento de sus promesas de campaña (entre las cuales se incluía el pleno empleo y la disminución de la delincuencia).
Este acontecimiento tan particular en un acto público de campaña se constituye más como un llamado de alerta que como un hecho violento, como han querido imponer a la ciudadanía.
Un llamado de alerta a los políticos, quienes deben comprender de una vez por todas el cambio de conciencia de la población chilena, que ya no desea aguantar la corrupción y el descontrol de la actividad política, y que sobre todo ya no desea escuchar programas políticos basados sólo en promesas ilusorias.
Las declaraciones del joven que lanzó el escupitajo, Elías Sanhueza (“bien merecido lo tenía… desde 2006 Bachelet está mintiéndole a la gente”) representan ese sentir a nivel general: Chile ha cambiado, y ya no cree más mentiras.
Hoy en día, los políticos deben rendir cuentas a la población y ejercer su cargo con verdadera vocación de servicio público. El nuevo contexto así lo exige.
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