Se prepara una nueva legislación en materia migratoria, que atienda las necesidades y derechos de los migrantes, adelantó a Crónica Francisco Blake Mora, secretario de Gobernación, y ésa es sólo una parte de la revisión de la política migratoria y de la estructuración profunda a la que se está sometiendo el Instituto Nacional de Migración.
En una reunión con el Consejo Editorial de este diario, donde conversó con los directivos, Blake señaló que –entre otros- el objetivo es “pasar del cuestionamiento al reconocimiento, no como Secretaría de Gobernación o INM, sino como país”.
Estos son los aspectos principales de esa conversación:
Lo primero que se planteó al secretario fue precisamente acerca de la cuestión migratoria, tras los graves hechos de la matanza en Tamaulipas y el secuestro masivo de indocumentados en Oaxaca.
Blake señala que, a diferencia por ejemplo de lo que sucede en Estados Unidos, en México tenemos una norma no agresiva en materia migratoria, pero que tiene muchos huecos. Y al mismo tiempo, admite, hay en el Instituto Nacional de Migración problemas de debilidad institucional.
“De ahí que se esté trabajando en tres vertientes. Una es el fortalecimiento institucional del INM, en donde tiene carácter estratégico el establecimiento de un mejor sistema de control de confianza del personal, para que éste no sólo esté conciente de sus tareas, sino que también tenga la sensibilidad que requiere el trato con los migrantes. Otra es una modernización técnica, para estar en la vanguardia tecnológica y mantenerse ahí. La tercera, dotar de mayor sustento legislativo a las tareas del instituto”, señala.
El secretario de Gobernación comentó, respecto a esto último, que ya ha habido contactos con miembros del Congreso para estos efectos, pues se está preparando una iniciativa “que espero sea aprobada en el próximo periodo de sesiones”. Hay dos conceptos básicos en ella: uno es entender que el Instituto Nacional de Migración “es un ente que debe ejecutar, no diseñar las políticas públicas” y la otra es que tendrá un enfoque desde los derechos humanos, que todo mundo debe tener, esté legalmente o no en el país. También contempla establecer que los migrantes tienen derecho a servicios elementales, como la salud o la educación e implica un trato diferenciado a los menores, que suelen ser los más vulnerables entre los vulnerables.
“Queremos tener una legislación de vanguardia, que nos permita pasar del cuestionamiento al reconocimiento como país”, concluyó.
¿Y qué otras cosas van a hacer en lo que la ley se aprueba?, preguntamos.
“Estamos trabajando para reducir el tiempo que pasan los inmigrantes sin papeles en las estaciones migratorias. Actualmente el promedio es de 30 días, queremos reducirlo en el corto plazo por lo menos a la mitad. Y otro asunto –recordemos que en nuestro país hay muchos inmigrantes legales- es reducir el número enorme de calidades migratorias legales. Lo ideal es que fueran sólo tres. Hay que reducir la tramitología”.
Blake agregó que otro asunto, de crucial importancia, es tener un mayor contacto con las organizaciones de la sociedad civil. “Hay que escuchar a las ONGs, y sacar provecho de la participación de las personas”, dijo. Dio el ejemplo de los migrantes que son asaltados y que, por su misma situación, no acuden a las autoridades locales a denunciar los hechos; afirmó que puede lograrse una buena intermediación de las organizaciones sociales y que debe trabajarse para tener fiscalías mixtas que actúen en estos casos y otros similares.
El titular de Gobernación recalcó que estas acciones requieren de la corresponsabilidad de los distintos niveles de gobierno, y se mostró optimista, ya que “hay una buena disposición de parte de los nuevos gobernadores en los estados del corredor migratorio del sur: en Oaxaca, Veracruz y Tamaulipas”, aseguró.
Abundó en otra idea: la necesidad de construir infraestructura “para hacer menos porosa la frontera sur”. Infraestructura en dos sentidos: una es la construcción de más aduanas, de preferencia en consonancia con los gobiernos extranjeros; otra es la creación de más oportunidades de empleo en la zona, porque a fin de cuentas la razón última de la migración es la búsqueda de mejores oportunidades de vida. Dijo que estaba en el interés de todas las partes, incluido Estados Unidos.
Se comentó que, cuando se crean nuevas leyes para combatir un problema, a menudo no se cumplen, porque hay una situación de impunidad y de corrupción.
El secretario Blake admitió que hay varios problemas entrecruzados. Uno es “un debilitamiento institucional”, que implica sobre todo falta de confianza en las autoridades y otro es la permisividad social hacia fenómenos de criminalidad, que facilita la impunidad.
Un signo del debilitamiento institucional es la falta de confianza en las policías. No hay gobernador que no pida la presencia de las Fuerzas Armadas para suplir esta debilidad.
Y la permisividad tuvo que ver con el crecimiento del narcotráfico, dice. En un tiempo, el narco era sigiloso y pudo prosperar porque mucha gente tenía la lógica de “mientras no se meta conmigo, que ahí haga sus cosas”. Ahora se mete con todo el mundo.
El trabajo de las instituciones democráticas es revertir esa situación: fortalecerse y debilitar al crimen organizado.
Se le preguntó si no extrañaba la época en la que Gobernación tenía sus dientes policiacos
Blake sonrió. “Afortunadamente, este país se ha dado instituciones democráticas. No añoro la situación de algunos de mis antecesores. Tener las mesas electorales, el control de la seguridad…”.
Sin embargo, demostrando que es ajeno al tema, agregó que se busca que haya una nueva disposición de seguridad nacional de manera legal, que se trabaja en “una nueva institución en materia de seguridad nacional”.
Finalmente le preguntamos sobre el año político que se avecina.
“Lo que hay es una comunicación constante con las dirigencias nacionales de los partidos, para que los entornos de la competencia se den en un contexto de diálogo permanente, y no excepcional”.
“Si nos ponemos los guantes, eso no va a ayudar a los partidos, ni a los electores ni al gobierno de la República”. Queremos avanzar hacia procesos electorales pacíficos, con garantías de seguridad para los ciudadanos, que son finalmente quienes deciden, en una democracia, quienes son sus representantes y sus gobernantes.
Con información de Crónica.
