Por: Adalberto Carvajal
En lo que parece algo más que una coincidencia, en Baja California Sur y el Estado de México se presentaron en días pasados sendas iniciativas de nueva ley orgánica de la universidad autónoma.
Estos dos estados son ejemplo de iniciativas de reforma a la legislación universitaria que provienen de una diputación de izquierda, pero al no considerar en su redacción a la respectiva comunidad académica, estudiantil y laboral, lo que consiguen de entrada es que los universitarios cierren filas en torno al rector en funciones.
NO LA QUIEREN EN BCS:
El viernes 29 de marzo se presentó ante el Congreso de ese estado peninsular la iniciativa para crear una nueva Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), sin el conocimiento ni la participación de la comunidad universitaria a decir del rector Gustavo Rodolfo Cruz Chávez.
Entre otras cosas, la iniciativa propone eliminar la reelección del Rector (que en la actualidad se elige para un periodo de cuatro años y puede ser electo para un periodo inmediato de igual duración) y establece nuevos requisitos para ser candidato que, de aplicarse, dejarían de lado a una importante cantidad de aspirantes a la rectoría.
La iniciativa exige que, para ser rector, se debe tener preferentemente grado de doctorado o al menos maestría, acreditados con título y cédula profesional, una modalidad que no se contemplaba antes.
Y, especialmente, establece que el candidato “no debe haber desempeñado cargo de autoridad universitaria o ser funcionario universitario antes de la convocatoria a elección de rector”.
Además, “por presentar un conflicto de interés y para evitar el nepotismo”, no podrán presentar su candidatura familiares directos de funcionarios o autoridades universitarias.
Por último, también se elimina el requisito de “contar con experiencia en gestión y administración académica y gozar de reputación como persona honorable”, para cambiarse por los de presentar su declaración patrimonial, su declaración de intereses y comprobante de pago de impuestos, amén de no tener adeudos universitarios.
La iniciativa fue presentada por los ciudadanos Manuel Luis Rodríguez Rodríguez (“jubilado tanto por la UABCS como por el Instituto Tecnológico de La Paz”, dijo el Rector en un mensaje en video grabado luego que en la Legislatura se le diera trámite a un documento “redactado a espaldas de la comunidad universitaria”,) y Juan Adrián Trasviña Ramírez (“alumno de la carrera de Ciencias Políticos y asistente legislativo del diputado Esteban Ojeda Ramírez, impulsor de dicha iniciativa”).
El objetivo, resume la nota de BCS Noticias, es crear un “plan de desarrollo universitario completo y complejo, es decir, una ley orgánica como Plan de Gobierno”.
Ese mismo medio digital explica que, a dos meses del relevo en la Rectoría, de aprobarse la iniciativa ciudadana los estatutos referidos a la elegibilidad del titular de la institución representarían un sesgo importante para la conformación de la lista de posibles candidatos para la próxima administración.
PROYECTO NO INSTITUCIONAL:
Gustavo Cruz Chávez enfatizó en su mensaje que esta iniciativa ignora que la UABCS “vive su mejor momento académico desde su fundación”.
Recordó el Rector que la ley vigente se preparó a lo largo de más de un año y fue debatida “artículo por artículo” en el Consejo General Universitario, máximo órgano de gobierno y normativo de esa casa de estudios, antes de ser presentado al Congreso del estado.
Subrayó Cruz Chávez que la ley orgánica vigente es el sustento de la estabilidad institucional, la cual se vulneraría con la nueva legislación.
Presentar la iniciativa ciudadana directamente en el pleno de sesiones “viola flagrantemente la autonomía universitaria que ampara la Constitución Política de México (artículo 3º, fracción 7ª.), pues una de las prerrogativas que otorga a las universidades es la libertad plena para decidir su forma de gobierno y su manera de administrarse, protegiéndolas de la injerencia de actores externos”.
Los “respetables” puntos de vista de los ciudadanos que presentaron la iniciativa, insistió el Rector, no tienen “la más mínima representatividad en la comunidad universitaria”.
No se trata de “un simple golpe político al rector”, dijo Gustavo Cruz. Esta acción “atenta de manera grave contra la autonomía universitaria”. Y es un ataque contra la institución, “contra los 10 mil estudiantes y mil trabajadores que en estos ocho años han decidido trabajar en paz, sin ninguna huelga”.
Es además un atentado en contra de “dos sindicatos que, sacrificando aspiraciones legítimas, han apoyado con convicción los intereses académicos por encima de los laborales”.
El rector sudbacaliforniano se dijo preocupado porque la iniciativa caminó en el Congreso sin el conocimiento de estudiantes, maestros ni trabajadores administrativos de la Universidad o de la sociedad civil.
Y, por eso, el Consejo General Universitario acordó solicitar a la Legislatura que ratifique la ley orgánica vigente, en todos su términos, para que no se entorpezca el ingreso al próximo semestre ni el proceso de elección rectoral.
Adelantó Cruz Chávez que la Universidad usará mecanismos de defensa legal para enfrentar “esta agresión”. Pero pidió a todos los sectores sociales “que dejen oír su voz” y ayuden a los universitarios “a mantener libre a la máxima casa de estudios”.
TAMPOCO EN EDOMEX:
Con fecha 4 de abril, la administración 2017-2021 de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) que encabeza Alfredo Barrera Baca, publicó un mensaje a los universitarios en el que protesta por la presentación ante el pleno de la LX Legislatura, “sin nuestro conocimiento”, de una iniciativa de ley con proyecto de decreto que “pretende decidir la manera en que debemos gobernarnos los universitarios”.
Barrera se dijo sorprendido porque esta propuesta de reforma “ignora el proyecto institucional” que es “resultado de una amplia consulta en toda la comunidad y cuenta con la aprobación de todos los consejos de gobierno de todos los espacios académicos, y la autorización unánime del Consejo Universitario”.
La iniciativa presentada por el diputado Benigno Martínez García y suscrita por otros dos legisladores, apunta la UAEM, “desconoce la legalidad y la legitimidad de las máximas autoridades de nuestra universidad”, Consejo Universitario y Rector, e “ignora el ejercicio democrático que sustenta el proyecto institucional” de reforma a la Ley Orgánica.
Ese documento lo ingresaron al Congreso, expone el Rector, “dos investigadores que carecen de toda representatividad para promover una reforma que es del interés de todos los universitarios”.
Tanto los diputados que suscriben la iniciativa como “estos dos académicos que traicionan la autonomía”, organizaron el 12 de febrero un foro sobre la transformación de la UAEM “al cual no fue invitada la Universidad como institución”.
Y considera de “extrema preocupación” que esta iniciativa, “lejos de todo interés académico”, mediante dos artículos transitorios “busque destituir al Rector y a los integrantes del Consejo Universitario en un plazo de 60 días”.
Por eso, la UAEM pide a las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Educación, Ciencia y Tecnología, que “suspendan el proceso legislativo de esa iniciativa en tanto no ingrese a la Cámara el proyecto aprobado por los universitarios”.
De otro modo, “estaríamos obligados a emprender todas las acciones jurídicas y políticas para defender nuestra autonomía”.
Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna también se puede leer en: www.carvajalberber.com y sus redes sociales.
