En México el estado tiene «las manos atadas hasta cierto punto» para evitar que el crimen organizado se infiltre en las campañas políticas, porque no se ha dado un consenso entre los partidos en este asunto, consideró Magdy Martínez-Solimán, representante en este país del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
En conferencia de prensa, en donde junto con Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, presentó el primer balance del año de la iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales (IPRO), Martínez-Solimán, reconoció que el narcotráfico tiende a insertarse en la política, lo cual es una lacra a la que hay que poner fin.
Señaló que en México falta un paso o dos para llegar a un consenso y poner cartas en el asunto para contrarrestar ese fenómeno.
Por su parte, Bohórquez dijo que hay grupos legales o ilegales que de alguna manera buscan tener influencia en un candidato para tener un beneficio indebido.
De ahí que planteó la necesidad de trabajar para establecer reglas claras en procesos electorales para evitar que se infiltre el crimen organizado y para que no hay rasgos de discrecionalidad.
El riesgo de esto es de todas las democracias, es permanente y latente el interés indebido que tienen fuerzas legales e ilegales, insistió.
