México.- Los periodistas Azam Ahmed y Nicole Perloroth, publicaron en The New York Times el reportaje “Somos los nuevos enemigos del Estado: el espionaje a activistas y periodistas de México”, una investigación que devela cómo el gobierno mexicano utiliza un software para monitorear a diversos defensores sociales.
El software referido se llama Pegasus y es desarrollado por la empresa israelí NSO Group, quien únicamente lo distribuye a gobiernos para acciones de inteligencia en contra del crimen organizado y el terrorismo.
Pegasus se filtra en los teléfonos mediante un mensaje de texto que incluye una liga externa con el cual se instala en el aparato. La aplicación puede monitorear la vida de una persona a través del celular al tener acceso a llamadas, contactos, mails, agenda e incluso activar cámara y micrófono para grabar conversaciones
The New York Times identificó que desde 2011, el Gobierno Federal ha gastado casi 80 millones de dólares en programas de espionaje.
Entre los afectados se encuentran abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la defensora mujeres agredidas sexualmente en Atenco durante un operativo policial, Carlos Loret de Mola y Carmen Aristegui, el Instituto Mexicano para la Competitividad, además de un economista que ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupción.
Estos espionajes inclusive llegan a familiares de los activistas y periodistas, incluido un menor de edad –el hijo de Carmen Aristegui.
Durante una transmisión en vivo mediante Facebook, The New York Times en Español, se entrevistó con Hazam Amed, uno de los autores del reportaje y Mario Patrón, defensor de derechos humanos afectado.
Patrón explicó cómo él y otro colega activista identificaron un comportamiento diferente de su teléfono, lo que los llevó a analizar los aparatos a Citizen Lab de Toronto, Canadá, dedicada a analizar datos y software para identificar spyware.
En el reportaje, The New York Times destaca que según la ley mexicana, el Gobierno Federal necesita la autorización de un juez federal para vigilar comunicaciones privadas y sólo si se argumenta debidamente la necesidad de vigilancia.
Los periodistas resaltan que es muy poco probable que el gobierno cuente con es aprobación de hackeo que atenta contra la privacidad de los activistas y periodistas mexicanos.
En la investigación se supo que para lograr que los afectados accedieran al link que activaría Pegasus en sus teléfonos, se buscaron estrategias específicas para cada caso.
“En el caso de Carmen Aristegui, una de las periodistas más famosas de México, un operador se hizo pasar por la embajada de Estados Unidos en México y le imploró darle clic en un enlace para resolver un supuesto problema con su visa. La esposa de Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, recibió un mensaje en el que le ofrecían pruebas de que su marido tenía un amorío.”
El software no deja rastro de quién lo utilizó, pero sí deja ver en qué momento fue utilizado. Hasta el momento no hay pruebas definitivas de que el gobierno sea el responsable, pero las investigaciones de Citizen lab, coinciden las fechas con eventos clave.
NSO Group dijo a The New York Times que investiga el historial de los gobiernos en temas de derechos humanos antes de venderles el software. Sin embargo no puede saber cómo lo utilizan una vez que lo instalan en las agencias de inteligencia y los cuerpos de seguridad.
Por su parte el gobierno de la República informó que envió un carta al Times para señalan que no hay pruebas de que el estado mexicano realice dicho espionaje pero no dio mayores argumentos.
Apenas el pasado 15 de junio, el presidente Enrique Peña Nieto, había señalado: «Este Gobierno es, y seguirá siendo, respetuoso de la libertad de expresión y de la pluralidad de voces que se expresan en los medios de comunicación»(sic).
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