Las reformas que presentarán los senadores Fernando Yunes, Javier Corral y Francisco García Cabeza de Vaca, Fernando Salazar, Víctor Hermosillo y Fernando Herrera buscan ajustar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las reformas estructurales a la Ley Federal de Delincuencia Organizada.
En los considerandos se destaca que en los últimos años los mexicanos han sido testigos del grave deterioro que enfrentan los organismos encargados de la procuración e impartición de justicia en el país.
“Resulta indignante observar de manera reiterada cómo los servidores públicos de todos los rangos y responsabilidades de la administración pública, incumplen y distorsionan las funciones del servicio público, amasando fortunas que no corresponden con sus ingresos. Esto se ha venido gestando ante la falta de medidas preventivas fundamentales en el país como lo son: la prevención social, la estricta sanción judicial en un Estado de Derecho y la prevención de servidores públicos corruptos”.
Destacan que con estas iniciativas se pretende aplicar exámenes de control de confianza a los encargados de la función judicial federal, introduciendo dichas evaluaciones a los procedimientos y concursos que realiza el Consejo de la Judicatura a través del Sistema de Carrera Judicial, que se rige y, debe continuar haciéndolo, por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, honradez e independencia.
El Consejo de la Judicatura Federal desde su creación en 1995 ha sancionado a más de 627 magistrados y jueces federales de acuerdo a sus propias estadísticas, a los que se suman 408 secretarios de juzgado y de tribunal y defensores públicos federales que han sido merecedores de sanciones del Consejo.
“Sin embargo, el número de quejas ingresadas en los 15 años que el Consejo de la Judicatura ha trabajado son aún más alarmantes, con más de 22 mil quejas. Esta situación hace evidente la necesidad de trabajar de manera preventiva, es decir, evitar el origen de las quejas, y evaluar de inicio a los jueces y magistrados, quienes históricamente han recibido más sanciones del órgano de vigilancia”.
La bancada panista afirma que los números se refieren a casos de falta de profesionalismo, deshonestidad, abuso de poder funcionarios que piden dinero, acoso a subordinados, liberación de presuntos narcotraficantes, dilación en procesos judiciales o negligencia en su trabajo.
“Por lo anterior, se pretende fortalecer la función judicial, en sus aspectos estructurales y principios, bajo los que desarrolla su jurisdicción como la expedites, el impulso procesal oficioso, la imparcialidad, la legalidad, la honradez, la independencia, la caducidad, la sanción administrativa, la oralidad, la formalidad, la calidad total en sus procesos operativos, administrativos y contables, la excelencia en recursos humanos, la vanguardia en sistemas tecnológicos, la carrera judicial, su eficiencia y eficacia”.
A través de las evaluaciones de control de confianza se permitirá el nombramiento de los candidatos apegados a principios institucionales de acuerdo con los perfiles exigidos para cumplir con tan relevante labor.
Se propone que la evaluación se establezca de forma sistemática y periódica, con el fin de contribuir a la confirmación y vigilancia del marco de conducta que dictan y de la normatividad institucional.
Por último, se hace notar que el Consejo de la Judicatura Federal a través del comunicado de N° 10 de fecha 23 de marzo de 2011 dio a conocer, el número de funcionarios del Poder Judicial a nivel nacional que recibieron diversas sanciones derivadas de malas prácticas en su ejercicio profesional.
Se trata de 14 Magistrados de Circuito; 18 Jueces de Distrito; 13 Secretarios de Tribunal; 26 Secretarios de Juzgado; 15 Actuarios judiciales un Analista jurídico; 18 Oficiales administrativos; y 3 Oficiales de servicios y mantenimiento.
Con información de Millenio
