Reino Unido.- El relator especial sobre el derecho a la privacidad, Joseph Cannataci, está “muy preocupado” por la intención del Gobierno del Ecuador de entregar a Estados Unidos las pertenencias personales del fundador de Wikileaks, Julian Assange.
El experto independiente ha recibido información de que, a petición del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el Gobierno ecuatoriano registró el 20 de mayo las habitaciones de la embajada en Londres utilizadas por Assange y confiscar sus documentos, teléfonos, dispositivos electrónicos, memorias, etc., para entregarlos al Gobierno de los Estados Unidos.
Assange pasó siete años en esa embajada, donde se le concedió asilo para evitar una posible extradición a Suecia. El activista fue detenido por la policía británica el pasado 11 de abril cuando las autoridades ecuatorianas le retiraron el asilo político.
Ahora, está cumpliendo una condena de 50 semanas de prisión por haber violado los términos de una fianza concedida en 2010 por la justicia británica. Estados Unidos está intentando extraditarlo por publicar miles de documentos militares clasificados y de telegramas diplomáticos. Y Suecia ha reabierto la investigación por acoso sexual y violación.
Cannataci ha escrito al Gobierno del Ecuador recordando las garantías que deben existir antes de cualquier registro, y también se ha ofrecido a proporcionar la asistencia de expertos imparciales para supervisar el registro y separar la información que pudiera ser relevante para un eventual proceso penal en los Estados Unidos de la información privada que debería devolverse a Assange.
El relator aseguró en un comunicado que está “decepcionado por la falta de respuesta oportuna” del Gobierno del Ecuador.
«En dos ocasiones he pedido formalmente al Gobierno de Ecuador que devuelva los efectos personales del Sr. Assange a sus abogados, pero parece que tiene la intención de entregarlos a las autoridades estadounidenses”.
Cannataci asegura que no tienen “ningún problema” con los procedimientos de registro e incautación que se llevan a cabo “correctamente en virtud del Estado de Derecho”, pero en este caso hay “circunstancias muy especiales”.
El relator considera que además de la privacidad, otros derechos humanos “están en juego” especialmente la libertad de expresión.
“También corren peligro si parte del material del Sr. Assange cae en manos equivocadas”, añade, recordando que el fundador de Wikileaks aseguró que entre sus documentos hay “fuentes confidenciales y denunciantes cuya identidad y privacidad también deberían ser protegidas». BP
