TAREA PUBLICA
Carlos OROZCO GALEANA
El año 2020 comenzó con la entrada en vigor de nuevas disposiciones fiscales que el sector privado deberá cumplir cabalmente, ya que entre las diversas modificaciones se aprobó considerar como delito grave que amerita prisión preventiva a quien expida, compre o adquiera facturas de empresas fantasma por un monto superior a los 7.8 millones de pesos.
El 1 de enero entró en vigor el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; de la Ley de Seguridad Nacional; del Código Nacional de Procedimientos Penales; del Código Fiscal de la Federación; y del Código Penal Federal.
El objetivo de los cambios es considerar como delito grave que amerite la prisión preventiva oficiosa a quien cometa el delito de contrabando y defraudación fiscal y sus equiparables, así como a quien expida, enajene, compre o adquiera Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
La ahora ministra de la SCJN, Margarita Ríos Farjat destacó recién que hasta el 16 de junio de 2019 se detectaron ocho mil 204 empresas “factureras”, “aunque parece una muestra pequeña del universo total que estiman existe en México. Por su total, hasta el momento se puede observar que su número ha aumentado de forma exponencial, pues creció en 31 veces de 2014 a 2018, y éstas han generado alrededor de ocho millones 827 mil facturas”. Dichas operaciones inexistentes o simuladas representan 1.6 billones de pesos, por lo que se estima un monto evadido en detrimento del Estado por 354 mil millones de pesos, equivalente al 1.4 por ciento del PIB, “aunque la cifra podría ser mayor”.
Fue el tipo Sociedad Anónima el instrumento más utilizado (61%), luego el de Sociedad de Responsabilidad Limitada (6.0%), Sociedad Civil (6.0%) y el resto por otro tipo de sociedades, lo que deja ver que para poner candados no solo era necesario hacer reformas a la Ley Fiscal, sino que también a la de Sociedades Mercantiles.
Ríos Farjat consideró que la colaboración de los notarios públicos y directores de registros públicos relacionados con dichas EFOS es vital para ahondar en la información societaria, verificar posible información falsificada y desentrañar el “modus operandi” y patrones de estas redes. En efecto, los dadores de fe que son los notarios tienen la gran misión de transparentar los movimientos fiscales y reportar cualquier anomalía que observen. Más que nadie ellos saben que es un delito encubrir o disimular actividades delictuosas.
Recuerdo que en una oportunidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que el tráfico de facturas “es una gran tranza que se permitió en la época neoliberal”, el cual causa la evasión de miles de millones de pesos, por lo que se comprometió a poner orden en el tema.
Esta nueva ley que pretende terminar con la defraudación fiscal es bienvenida porque impide a la sociedad hacerse de beneficios, ya que miles de millones de pesos no entran a las arcas públicas y se quedan en manos de empresarios sin escrúpulos y delincuentes de cuello blanco que a partir de este año se la pensarán dos veces retar a Hacienda.
En México, estructuras criminales encontraron una veta de oro en esas prácticas fraudulentas. Esas actividades, de hoy hacia atrás, se consideraban normales. Es increíble que sabiendo el peñismo y regímenes aún más antiguos de los impactos nocivos a la hacienda pública, no hicieran nada para impedirlo. Prefirieron ayudar a sus cuates. Peña Nieto se rindió muy pronto a la corrupción. Amlo es distinto, la combate más o menos a pesar de que pierde margen de manejo político en el mundo empresarial aunque gana méritos ante los mexicanos. Es difícil apapachar a empresarios una semana y “visitarlos” a través de Hacienda a la siguiente. Pero eso es lo de menos, cuando está en juego el bienestar social. Bien por el presidente que lucha contra esos tiburones del negocio sucio.
Tiene que seguirse aplicando políticas fiscales justicieras. Ya basta que los más enriquecidos no quieran aportar impuestos. Hay que cobrarles con toda la fuerza de la ley aunque se enojen. Ya se contentarán. Son negociantes antes que amigos.
Hay muchos pendientes en materia de justicia social. Ni 100 años gobernando le ajustarían al presidente para saldar deudas con los más pobres. Así que más vale paso que dure y no paso que canse.
En su camino, Amlo ha lastimado intereses poderosos, pero no hay otra opción viable si en verdad se quiere llevar adelante una agenda justiciera. Los mexicanos estamos con el presidente en esa lucha contra los corruptos. No les demos tregua porque en una de esas, se reponen.
