México.- El Gobierno de la República rechaza categóricamente las imputaciones falsas y calumniosas que un grupo de personas realizan ante la opinión pública y en instancias como la Corte Penal Internacional, refiere un comunicado de la Presidencia y establece la posibilidad de proceder legalmente en contra de quienes han emitido este tipo de comentarios.
“Las imputaciones al Gobierno de México son claramente infundadas e improcedentes, como lo señalan ya las voces más autorizadas en la materia. Sin embargo, constituyen en sí mismas verdaderas calumnias, acusaciones temerarias que dañan no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México, por lo cual, el Gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan en distintos foros e instancias nacionales e internacionales”, establece el documento.
Lo anterior en alusión a la denuncia que presentó el abogado Netzai Sandoval, ante la Corte de la Haya, contra el Presidente Felipe Calderón Hinojosa, así como los secretarios de Defensa, Marina y Seguridad Pública, además de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, por delitos de guerra y de lesa humanidad. Dicha querella se presentó con la firma de la firma de 23 mil mexicanos.
Y explica que México enfrenta una inédita escalada de agresión realizada por delincuentes tanto del orden común como del crimen organizado, cuya acción afecta sensiblemente a las familias mexicanas. Ante el clamor de ayuda expresado por los ciudadanos que sufren esta situación en algunas regiones y la petición expresa de sus autoridades estatales, el Gobierno de la República ordenó que se apoyara a tales autoridades y se combatiera a la delincuencia organizada con estricto apego a la ley.
Además señala que las fuerzas Federales cumplen con sus deberes constitucionales y legales, haciendo incapié en “cumplir y hacer cumplir la ley, preservar la Seguridad Interior del país, coadyuvar en el establecimiento de la Seguridad Pública y apoyar al Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos, y se han desempeñado bajo órdenes explícitas de actuar con pleno respeto a la ley, a las garantías individuales y a los derechos humanos de todas las personas”.
Destaca que en los casos en los que se ha tenido conocimiento de actos violatorios a los derechos humanos, no sólo se han condenado enérgicamente, sino que se ha procedido legalmente en contra de los responsables.
“Ante la magnitud de la problemática generada por la acción criminal y en consideración al número de personas que han sido detenidas actuando al margen de la ley, estos casos han sido verdaderamente excepcionales. La regla observada por los agentes Federales del orden público, ha sido la de poner a disposición de la autoridad competente a los detenidos en los términos establecidos por la Constitución Mexicana”, refiere.
Califica como ‘absurdo’ tratar de equiparar lo que un gobierno democrático hace para preservar la ley y defender a las familias de los criminales, con delitos de lesa humanidad que son cometidos por Estados autoritarios, orientados al exterminio de una población por razones étnicas, religiosas o políticas.
“Ese no es el caso de México que tiene una democracia vibrante, con poderes independientes y equilibrados entre sí, con instituciones de derechos humanos autónomas y un sistema de libertades y garantías y vigencia de derechos humanos como pocas naciones en desarrollo”, resalta.
Establece que la estrategia del Gobierno Federal tiene tres componentes básicos: enfrentar y someter a los criminales; reconstruir las instituciones encargadas de aplicar la ley, a través de la depuración y fortalecimiento de policías y ministerios públicos; y reconstruir el tejido social a través de una sólida política de prevención.
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