Colima, 29 de agosto de 2024.- El Fiscal General del Estado de Colima, Bryant García Ramírez, informó que 7 policías municipales de Colima y 1 de Villa de Álvarez han sido detenidos por su presunta vinculación con actividades delictivas relacionadas con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Esta detención es el resultado de una investigación que reveló cómo estos oficiales utilizaban su posición para colaborar con el crimen organizado.
García Ramírez explicó que los policías, algunos de ellos con más de veinte años de servicio, manipulaban cámaras de seguridad, emitían reportes falsos y brindaban información privilegiada al grupo delictivo.
«Estos individuos, algunos de los cuales trabajaban en el C2 del municipio, realizaban una serie de actividades delictivas que incluían la manipulación de cámaras y la emisión de reportes falsos para proteger a miembros del CJNG», detalló el fiscal.
El Fiscal General subrayó que esta no es la primera vez que se detiene a policías municipales por delitos relacionados con el crimen organizado, recordando casos similares ocurridos en 2010. Sin embargo, destacó que esta investigación ha sido particularmente exhaustiva, logrando la detención de siete oficiales del municipio de Colima y uno de Villa de Álvarez.
Sobre la posible vinculación de estos policías con la reciente ola de violencia en Colima, García Ramírez fue cauteloso al afirmar que aún no se puede confirmar dicha relación, aunque señaló que las actividades de los detenidos estaban claramente relacionadas con hechos delictivos en la entidad.
El Fiscal también mencionó que los delitos por los que se les acusa incluyen el uso indebido de información de seguridad pública y asociación delictuosa.
Además, anticipó que tras la audiencia inicial, es probable que los detenidos soliciten la duplicidad del término constitucional, lo que dará tiempo para que el juez determine su situación jurídica.
Finalmente, García Ramírez indicó que el caso será remitido a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República (FGR) para que se les procese por delincuencia organizada, un delito que corresponde a la jurisdicción federal y que conlleva penas más severas.
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