Gallardo Rodríguez, a favor de revocar el mandato de Peña Nieto

Colima.- “Enrique Peña Nieto haría patria renunciando a la Presidencia de la República”, consideró José Francisco Gallardo Rodríguez, candidato a la gubernatura de Colima por Morena, quien explicó que entre los proyectos de su partido se encuentra la posibilidad de revocar el mandato a los funcionarios que no cumplan con el trabajo para el que fueron electos.

Entrevistado por AFmedios en relación con la solicitud de revocación de mandato que promueven el activista y sacerdote Alejandro Solalinde y políticos como Gerardo Fernández Noroña, el candidato de Morena recordó que cuando trabajó en el Senado, en la época que se concretaban las reformas estructurales promovidas por el gobierno federal, redactó una carta solicitando la renuncia del presidente y la puso a consideración de los senadores del PT, quienes la retomaron a iniciativa del senador Manuel Bartlett.

“El Presidente haría patria si renunciara a la Presidencia. Si dejara el espacio, el Senado nombraría al sustituto o al interino, según los tiempos que marque la constitución, y esta persona, una vez tomado el poder, convocaría a elecciones democráticas y ahí se elegiría el Presidente que terminaría la gestión que le corresponde”.

En ese sentido, Gallardo Rodríguez acusó a Peña Nieto de traición a la patria al promover una ley para que fuerzas de seguridad y personal de inteligencia de Estados Unidos puedan portar armas dentro de México.

“Es una traición a la patria, porque hay una violación a la soberanía, una intromisión autorizada por parte de la Presidencia de la República. Es una violación grave a la seguridad”.

Según el candidato de Morena, los presidentes Peña Nieto, Calderón Hinojosa y Fox Quesada pusieron la seguridad de México a disposición de Estados Unidos, por lo que la revocación de mandato “es muy sana”.

El candidato de Morena también refirió que firmó, durante los últimos  meses del sexenio de Felipe Calderón, una carta que redactó un grupo encabezado por el académico John Ackerman  en el que se solicitaba la intervención de la Corte Penal Internacional para investigar la política de seguridad y la política económica por considerar que había crímenes de lesa humanidad.

“Si bien no hay tipificación en la legislación mexicana, sí la hay en la legislación internacional de la que México es parte. Revivimos el asunto por el que fue procesado (el dictador chileno Augusto) Pinochet a través de una tesis de la jurisprudencia española tipificada como política de dominio del hecho, la cual empuja a cometer ilícitos”.

Esta política, detalló, continúa mientras el Ejército permanezca en las calles realizando funciones de seguridad pública, como lo ordenó Peña Nieto al asumir la Presidencia de la República.

“Es política de dominio del hecho, y ya hizo crisis en el fusilamiento en Tlatlaya y en la desaparición de los estudiantes normalistas”.

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