Hace unos días, en el marco de la IV Jornada de la Licenciatura en Ciencia Ambiental y Gestión de Riesgos (LICAMGER) que organizó la Facultad de Ciencias de la Universidad de Colima, se impartió la conferencia magistral “Gestión de Riesgos como modelo de intervención gubernamental para evitar desastres”.
La conferencia fue dictada por Jesús Manuel Macías, profesor-investigador del Centro de Investigaciones en Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), quien como primer punto aclaró que el tema de la gestión de riesgos es un asunto complicado que va más allá de dar una definición, pues aborda una de las responsabilidades fundamentales que todo gobierno tiene con la sociedad.
Explicó que, aunque se considera a la gestión de riesgos como aquellas acciones y medidas que se toman antes, durante y después de una emergencia para minimizar los daños, “en la práctica ya es otra cosa, pues terminan por gastarse grandes presupuestos en este tema debido a una mala organización de los recursos económicos, y esto genera un descontento por parte de la sociedad”.
Por lo anterior, dijo, han surgido iniciativas de gobernadores norteamericanos para tratar de eliminar la ineficiencia de las burocracias y lograr que las administraciones públicas, aunque sea por órdenes del gobierno, adopten la gestión de riesgos como un modelo de intervención que les permita evitar los daños de los desastres, fijando así cuatro etapas: mitigación, preparación, respuesta y recuperación.
El objetivo de cada una de las etapas, añadió, “es reducir la posibilidad de que se presente una contingencia, y si ésta surge, tener la capacidad de emitir una respuesta efectiva que al mismo tiempo nos permita optimizar nuestros recursos y recuperar las condiciones en las que se encontraba el lugar afectado”.
Respecto a la recuperación, la última de las cuatro fases arriba mencionadas, el investigador explicó que es difícil que se realice porque existen comunidades, tanto en México como en el resto de América Latina, donde la atención que brindan no es suficiente para cubrir, reparar y rehabilitar los daños después de un desastre, “por lo que esta parte de la gestión de riesgos se vuelve más una cuestión de política interna”.
En este punto, dijo que si bien temas como gestión de riesgos y discusiones como sustentabilidad o cambio climático se habían incorporado a las agendas públicas para ser discutidos, “fue con la intención de beneficiar a sectores financieros a nivel internacional, dejando de lado la planificación y correcta aplicación de las fases establecidas para prevenir los desastres”.
Como ejemplo de lo anterior, habló del contexto en que surgieron las compañías aseguradoras, las cuales, después de haber pasado por un problema de sobre-capitalización, “tuvieron que utilizar a los organismos financieros como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para solucionar el problema, lo cual derivó en la ampliación del mercado de seguros”.
Explicó que todo esto sirvió porque, de seguir los gobiernos atendiendo el problema de los desastres con mecanismos que llamó “reactivos”, seguirían gastando el presupuesto en fases de respuesta y recuperación, pero no en la prevención. Por lo tanto, dijo, “para ampliar este mercado de seguros fue fundamental manejar desde las administraciones públicas lo que podemos clasificar como transferencia del riesgo”.
Antes de concluir, Jesús Macías explicó que este contexto repercute en la parte académica, en la cual se desarrolla el tema de gestión del riesgos, pues actualmente existen sólo diez maestrías en toda América Latina con este programa y todas ellas, agregó, “muy parciales, influenciadas por las organizaciones financieras internacionales para favorecer el sistema de seguros”.
Asimismo, destacó que la LICAMGER “es la única licenciatura, el único programa docente a nivel profesional en Latinoamérica, que atiende el problema de gestión de riesgo sin esta influencia y que busca la formación de profesionistas de calidad”.
Dijo que el compromiso restante, a la par de formar profesionales y cuadros en este rubro, es trabajar en la modificación estructural de las administraciones públicas para evitar un retroceso de los esfuerzos en la prevención de desastres por decisiones administrativas mal tomadas.
“Aunque las sociedades tengan la posibilidad de hacerle frente a los desastres, el nivel de desarrollo de los ámbitos social, económico y político es la clave fundamental para que, junto con la ciencia y la tecnología, la gestión de riesgos se convierta en un modelo que realmente pueda prevenir o evitar contingencias”, finalizó.
