El gobierno federal confirmó que el domingo alrededor de las 21:00 horas, el auto en que viajaba la familia De León por la carretera de Monterrey a Nuevo Laredo, trató de rebasar a un grupo de unidades militares que pidieron al conductor que se detuviera. Al no obtener respuesta, los soldados dispararon matando a un joven de 15 años y su padre.
En conferencia de prensa, Alejandro Poiré, el vocero del gobierno federal en temas de seguridad, confirmó que la familia no fue atacada en un retén militar, como se manejaba al principio. Además, expresó las condolencias del gobierno de Felipe Calderón a los familiares de las víctimas.
Detalló que ya existe una averiguación previa por el asunto ante la Procuraduría General de la República (PGR) y que se concentrarán en la creación de protocolos de información para que la población esté al tanto de cómo debe responder a los llamados del ejército y no ocurran estas tragedias.
«El gobierno seguirá realizando todas las acciones necesarias para dar seguridad a la población. Damos esta información para que la ciudadanía sepa qué pasó”, dijo el funcionario federal.
Aunque no ofreció respuestas sobre si ya había soldados consignados o retirados de sus actividades, aseguró que harán lo necesario para deslindar responsabilidades.
Agregó que el equipo de la Red federal de atención a los ciudadanos ya se trasladó al lugar de los hechos para dar atención a los familiares de las víctimas y asumir los gastos que este incidente generó.
Hasta el momento otros 5 integrantes de la familia permanecen hospitalizados, dos de ellos son menores de edad.
Dijo que no cesarán las actividades del ejército en el patrullaje en zonas civiles y en carreteras, pues es «para impedir el libre tránsito» de criminales.
En marzo pasado, dos estudiantes del Tec de Monterrey perdieron la vida durante un enfrentamiento entre militares y presuntos criminales. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) los soldados trataron de ocultar las evidencias de que los jóvenes recibieron los disparos a medio metro de distancia y fueron golpeados hasta deformarles el rostro.
Otro caso en que el Ejército fue acusado, fue el de la muerte de los menores Brayan y Martín Almanza, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que murieron después de que el ejército disparara contra el auto en el que viajaban con su familia.
En ambos casos, la Secretaría de la Defensa Nacional aceptó la recomendación emitida por la CNDH, pero no su responsabilidad pues dijo que tendrían que terminar sus propias investigaciones.
