COLIMA.- La Gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, dio a conocer que se busca anular el contrato del Relleno Sanitario de la Zona Metropolitana, que se realizó en la administración anterior, por considerar que hubo irregularidades y representa costo para el erario público.
«Permítanme compartirles solamente uno de los puntos que me parece sumamente grave, pero que además tiene cierto de cinismo y pareciera incluso ridículo lo que pretendieron hacer y lo que estaban haciendo. Decidió el gobierno del estado anterior, ceder esos derechos a un privado. La empresa a la que se le entregó la operación del Relleno Sanitario explicaba en su acta constitutiva que se dedicaba a la elaboración y comercialización de muebles y cocinas, y luego, cambiaron esa actividad y milagrosamente ganaron una licitación para operar un relleno sanitario. Como que no nos hace mucha lógica», dijo la mandataria.
En el marco de la conferencia semanal Diálogos por la Transformación, la titular del Poder Ejecutivo del estado, refirió que en la licitación se establecía al Gobierno Estatal la obligación de pagar a la empresa un total de 50 millones de pesos por «la propiedad intelectual», es decir, hacer ese trabajo.
«Eso es algo que debe ser intolerable para las y los colimenses y por eso es que hemos actuado y lo hemos hecho dando pasos firmes, para que se haga justicia, por eso es que hemos integrado con mucho cuidado este expediente que nos ha permitido presentar ya esta denuncia».
Roberto Rubio Torres, consejero jurídico del Estado de Colima, señaló que el 29 de agosto del año en curso se presentó por parte del Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Imades) y de la Consejería Jurídica, un procedimiento denominado «juicio de lesividad» para obtener la nulidad de un contrato de prestación de servicios, para la ejecución de trabajos de tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo de especial, que son depositados por los municipios y por usuarios de los rellenos sanitarios.
«Dentro de ese juicio de nulidad que se está promoviendo, se pide la nulidad de dos contratos de comodato, que el propio gobierno del estado generó con la propia empresa MA Tendencias, para entregarle la posesión de los predios en donde está el Relleno Sanitario, así como de un contrato de subcomodato, que también es parte del Relleno Sanitario, en donde están y donde se reciben los residuos sólidos de seis municipios que es Colima, Villa de Álvarez, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, y Minatitlán».
Recordó que anteriormente Imades operaba el Relleno Sanitario y cobraba a los ayuntamientos por su uso, sin embargo luego de esa licitación se otorgó la operación a la empresa citada, que cambió su giro en medio del proceso, de acuerdo al acta constitutiva que dice, obra en poder de la consejería.
«En ningún momento cumplía con el año previo de experiencia, para poder llevar a cabo esa operación de residuos sólidos», aseveró el funcionario estatal.
Estableció que al trasladar el servicio a un particular, se causó un daño patrimonial a los colimenses, porque se dejó de ganar o de recibir recurso por concepto de cobro a los ayuntamientos, que representa cerca de 76 millones 500 mil pesos, considerando que desde el 2021 se dejó de operar esa actividad.
«La vía pública adecuada era una concesión, sin embargo, no se siguió esa mecánica, ¿Por qué se hizo así?, pues como los otros contratos que se han estado anulando, ¿Por qué? Porque aquí el riesgo lo asume el estado y no la empresa que es como debiera ser».
«El contrato se establece mínimo de residuos procesados, que de no cumplirse con todos los riesgos y costos, van por parte del gobierno del estado. Aquí la empresa gana sí o sí sin arriesgar, en caso de que no se cumplan los mínimos se fijó pues una línea de crédito contingente y revolvente por 4 millones de pesos con garantía en las participaciones federales. Si no se cumplía con el estimado que la empresa pretendía recibir mes con mes entonces gobierno del estado a través de participaciones federales tenía que cubrirle esa cantidad».
Se argumenta además que no se le tomó en cuenta a Imades, no hubo testigos sociales, cuando por el monto y las características la propia Ley de Adquisiciones se establece como obligatorio; el contrato se firmó por el entonces consejero jurídico, quien no tenía atribuciones; la empresa no tenía un año de experiencia en la materia, ya que el objeto era venta de cocinas, y tenía menos de un año de haberse modificado y registrado.
«A la misma empresa, se le dieron contratos para estudios previos, sobre el relleno sanitario, por lo que se les dio ventajas en la licitación, para posteriormente, ganarla. Es decir, ella estaba impedida legalmente para participar en la licitación, tuvo cuatro contratos previos que le dieron información privilegiada y la ley contempla ese impedimento».
Rubio Torres dijo que por lo anterior se está reclamando la nulidad de los contratos y también se está analizando el tema de presentar las correspondientes denuncias.
Indicó que mientras se dirime este proceso, la empresa seguirá operando el Relleno Sanitario, una vez que se logre la nulidad, se analizaría si Gobierno del Estado lo maneja o es otro particular el que lo hace.
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