Ciudad de México.- El pasado viernes 30 de agosto, Samuel Ventura Ramos, Juez Primero de Distrito en Procesos Federales, ubicado en Tamaulipas, dictó sentencia absolutoria, otorgándole la libertad a Gildardo López Astudillo, implicado en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Por este motivo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, instruyó denunciar ante la Fiscalía General de la República (FGR) a funcionarios y jueces para deslindar responsabilidades sobre el caso Iguala.
“En lugar de garantizar el derecho a la verdad y la justicia a las víctimas, se está generando un pacto que favorecerá al silencio y la impunidad en la comisión de este delito”, sentenció Alejando Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.
El subsecretario, detalló que el juez determinó que no existían elementos para acreditar el delito de delincuencia organizada, y desestimó 44 pruebas en contra de López Astudillo.
Se circunscribió analizar 162 de los 791 tomos que forman parte de la averiguación y el juez consideró que se había aplicado el delito de tortura en contra del implicado, a pesar de que la Procuraduría General de la República realizó el examen médico psicológico reconocido como Protocolo de Estambul.
El subsecretario resaltó que con este antecedente de liberación, se podría dejar en libertad a 50 personas más que continúan su proceso. Por otro lado, recordó que de las 142 personas detenidas, 53 ya fueron liberadas.
“Este es un precedente muy grave, es una sentencia absolutoria de uno de los principales perpetradores del delito de la desaparición forzada.”
El funcionario destacó que la Comisión por la Verdad y la Justicia en el caso de Ayotzinapa, continuará con las investigaciones y diligencias en proceso, pero resaltó que la autoridad judicial y la Fiscalía General de la República deberían hacer su trabajo y no permitir la impunidad en estos hechos.
Hizo un llamado a la FGR para reencausar la investigación, subsanar las omisiones y permitir una investigación diligente para deslindar las responsabilidades cometidas por parte de autoridades o civiles en esta desaparición de estudiantes normalistas.
“La actuación indebida de la autoridad judicial ha generado condiciones para que con una muy laxa interpretación de la ley se puedan retirar los cargos que se le imputaron a los detenidos.”
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