Colima.- El Gobierno del Estado destinará alrededor de 284 millones de pesos para el pago de pensiones y jubilaciones para 2013, de acuerdo al Presupuesto de Egresos del Ejecutivo estatal.
El Gobierno del Estado tendrá para este 2013 un presupuesto de 8 mil 550 millones 284 mil pesos.
En pensiones destinará 68 millones 671 mil pesos, de los cuales 22 millones 411 mil son del magisterio y 46 millones 259 mil de la burocracia.
En cuanto a jubilaciones, se erogarán 215 millones 350 mil pesos; para el magisterio son 106 millones 400 mil pesos y para la burocracia 108 millones 949 mil pesos.
Es de recordar que en octubre de 2012 el Congreso del Estado inició con una serie de análisis para modificar el sistema de pensiones.
La iniciativa establece un tope a las pensiones, que no deberán sobrepasar los 15 salarios mínimos vigentes en la entidad. Fue presentada por las comisiones de Hacienda y Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, para reformar la fracción IX del Artículo 69 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima.
En la exposición de motivos de dicha iniciativa se remarca que el tema de las pensiones debe analizarse a profundidad, para poder contar con finanzas públicas sanas y con jubilaciones decorosas.
«Sin embargo, en tanto se puedan realizar estos estudios y hacer las reformas legales, no podemos negar la aprobación de aquellas que han cumplido con los elementos suficientes que al momento existen en las comisiones respectivas”.
Se sugiere en dicha iniciativa que debe reformarse el marco legal para establecer límites en la cuantía de las jubilaciones que se otorgan, toda vez que la situación económica de la totalidad de las entidades públicas es complicada y su futuro podría resultar frágil.
Ahí se menciona que algunas jubilaciones entregadas a los trabajadores de confianza resultan incosteables por razón de su monto, “por lo que resulta factible establecer un tope máximo a este derecho laboral, por el interés superior de la sociedad, a la cual debe garantizársele obras y servicios de calidad, puesto que de seguir con la aprobación de jubilaciones de este tipo y de esta magnitud se estarían comprometiendo seriamente las finanzas públicas al grado del colapso financiero estatal, y esto pudiera impedir el desarrollo eficiente y eficaz de las funciones y obligaciones que tiene y que están consagradas en la Constitución para ejecutarlas por el Gobierno del Estado”.
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