Colima.- El Gobierno del Estado de Colima presenta una deuda pública de 4 mil 231 millones 712 mil 594 pesos con 51 centavos, considerando adeudos de la anterior y actual administración; esto fue expuesto al ser aprobada en sesión extraordinaria del Congreso del Estado, la cuenta pública del ejercicio fiscal 2017.
En la revisión realizada por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado (Osafig), se menciona que la deuda a largo plazo representa el 62.1%, lo que equivale a la cantidad de 2 mil 627 millones 449 mil 931 pesos con 45 centavos y a corto plazo 37.9%, que corresponde a mil 604 millones 262 mil 663 pesos con 6 centavos.
La deuda a corto plazo es con proveedores y acreedores de bienes y servicios, así como por atención a terceros, obligación a fiscales, sueldos y prestaciones por pagar.
En el ejercicio fiscal 2017, la hacienda pública del Poder Ejecutivo obtuvo ingresos por la cantidad de 16 mil 529 millones 91 mil 993 pesos con 37 centavos.
El presupuesto de egresos del Poder Ejecutivo fue de 15 mil 517 millones 525 mil pesos.
El alcance de la revisión en relación con la representación de la muestra auditada en los ingresos recaudados del egreso ejercido se muestra el rubro financiero, desarrollo urbano y en la obra pública.
El dictamen fue aprobado, pese a que no se solventaron 116 observaciones, con17 votos, 4 abstenciones, por parte de las diputadas Martha Sosa Govea, Leticia Zepeda Mesina, Norma Padilla Velasco y Mirna Edith Velázquez y uno en contra por la diputada Verónica Lizet Torres Rolón.
En la misma sesión y con observaciones en materia de responsabilidades fueron aprobadas las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2017 de Villa de Álvarez y cuatro organismos operadores del servicio de agua potable.
También se calificaron las cuentas públicas del año 2017 del Instituto de Planeación para el Desarrollo Sustentable de Manzanillo, del Instituto de Planeación para el Municipio de Colima, del Tribunal de Arbitraje y Escalafón y la Unidad Estatal de Protección Civil.
El Osafig determinó que en general, y respecto de las muestras auditadas, los entes fiscalizados cumplieron con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados de las observaciones no solventadas o parcialmente solventadas.
Sin embargo, derivado del estatus que guardan las observaciones y por el incumplimiento a la atención de las acciones promovidas para su solventación, los servidores públicos responsables por las presuntas irregularidades detectadas podrán ser acreedores a las sanciones administrativas y acciones que procedan.
De acuerdo a lo establecido en la Constitución del Estado de Colima, las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por el Osafig y los órganos internos de control, mismas que serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.
En tanto, las faltas y las sanciones administrativas no graves corresponderá investigarlas a los órganos internos de control.
La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, encargada de dictaminar los informes de resultados a la fiscalización, consideró que el Osafig presentó evidencias suficientes para establecer las presuntas irregularidades, las cuales se derivan de las observaciones no solventadas.
En ese sentido, los 10 entes fiscalizados suman un total de 563 observaciones sin solventar, de las que 14 son de Desarrollo Urbano, 171 de Obra Pública y 378 son Financieras.
El Ayuntamiento de Villa de Álvarez suma 113 observaciones sin solventar; la Comisión de Agua Potable de Manzanillo, 149 observaciones; la Comisión de Agua de Minatitlán, 43; la Comisión de Agua de Tecomán, 38, y Ciapacov, 36.
El Instituto de Planeación para el Desarrollo Sustentable de Manzanillo, nueve observaciones; el Instituto de Planeación para el Municipio de Colima, ocho; el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, 24, y la Unidad Estatal de Protección Civil, 33.
Los decretos con la conclusión de los procesos de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2017 de los 11 entes fiscalizados fueron turnados al Osafig, para que investigue sobre las conductas de los servidores públicos y particulares que puedan constituir responsabilidades administrativas.
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