A las 18:00 horas de este 28 de mayo comenzó el debate entre el Gobierno del estado, representado por Rogelio Rueda Sánchez, secretario General, instituciones relacionadas con la defensa de la mujer así como Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para decidir si se emite o no la alerta de violencia de género (AVG) en el estado.
Durante el cónclave, realizado en Palacio de Gobierno, el funcionario estatal intentaba convencer a representantes de las ONG’s de llevar a cabo acciones emergentes sin necesidad de emitir la alerta, mientras que la contraparte insistía en que debe realizarse ante los cinco feminicidios que se han presentado en 2014 y el aumento en los homicidios de mujeres en los últimos tres años.
Y es que de solicitarse y aprobarse la alerta implicaría la aplicación de una buena cantidad de recursos de parte de la federación, el estado y los municipios, cuestión que claramente preocupó al representante del Ejecutivo estatal, pues Colima no cuenta con las previsiones presupuestales para atender las acciones de la AVG.
Sin embargo, el Centro de Apoyo a la Mujer Griselda Álvarez (CAM), IUS Género, Radar 4°, y Mujeres y Periodismo (MUPAC) anunciaron que ya preparan la solicitud de AVG, pues la violencia contra las mujeres en el estado de Colima no solo es feminicida, sino también sexual, física, psicológica y económica.
De la misma manera, integrantes de la asociación Cien por Colima, señalaron tener avances en la integración de esta solicitud, por lo que dijeron se sumarán a los trabajos realizados por las otras ONG y así tener un solo expediente.
Al margen de esta decisión, claramente ciudadana, Rogelio Rueda se comprometió a continuar con los trabajos coordinados para definir acciones emergentes para cada una de las áreas involucradas.
Acordaron reunirse una vez por semana con los diferentes secretarios de estado involucrados en la prevención de la violencia de género, para así construir el plan de acción a la par de que se avanza en la petición de la AVG, que nunca ha sido emitida para algún estado.
Los primeros en asistir a reunión de trabajo con las asociaciones serán el procurador, Marcos Santana Montes, de quien se dijo ha dificultado el acceso a la información sobre violencia hacia las mujeres, así como representantes del Supremo Tribunal de Justicia y de la Secretaría de Salud para abundar sobre los mecanismos de atención a mujeres maltratadas.
Al inicio del debate, el Gobierno estatal expuso los avances en materia de prevención de la violencia, a través del exitoso programa aplicado por Centro Estatal de Prevención de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana (Cepsvd) y expuso algunos hallazgos de un estudio situacional de las mujeres en la entidad realizado por el Centro de Información para el Desarrollo de Colima (Cidecol) y el Instituto Colimense de la Mujer (ICM).
No obstante, las representantes de asociaciones y organizaciones ciudadanas señalaron que esos datos ya eran conocidos por ellas y coincidieron en la falta de articulación de las acciones de las dependencias estatales, así como en la necesidad de mirar bajo un mismo crisol metodológico y estratégico las problemáticas de género, es decir, faltan los esfuerzos de todos tengan un cauce definitivo.
Desde el 27 de agosto de 2011, cuando se tipificó como delito el feminicidio, en Colima han sido asesinadas 66 mujeres, resultando 29 casos de feminicidio.
Del 27 de agosto de 2011 y hasta finalizar ese año, se presentaron en la entidad tres feminicidios y 13 homicidios. Para el año 2012 fueron 24 homicidios contra mujeres, de los que 10 fueron feminicidios; en 2013 17 asesinatos y seis feminicidios. Mientras que en lo que va de 2014, nueve mujeres asesinadas, de las que cinco casos han sido consignados por feminicidio.
Además Colima tiene el primer lugar en el país en violencia sexual, con una incidencia de 10.1 por ciento frente a la media nacional de 7.3 por ciento.
La entidad también ocupa el quinto lugar en violencia emocional, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011 (Endireh), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
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