Ciudad de México.- El Gobierno de la República, a través de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presentará las querellas que acrediten defraudación y delincuencia organizada en la subcontratación ilegal.
El outsourcing es una estrategia que implementan las empresas para subcontratar a sus empleados o transferir recursos y tareas a través de empresas externas, con la intención de delegar a terceros algunas responsabilidades.
Carlos Romero Aranda, procurador Fiscal de la República, informó que las sanciones podrían alcanzar hasta los 20 años de prisión para quienes se les comprueben dichos delitos.
La Procuraduría Fiscal reunirá datos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para iniciar las investigaciones correspondientes.
Durante la conferencia de prensa matutina, explicó que la Reforma Laboral está encaminada a perseguir y castigar como delincuencia organizada a las empresas que ofrecen servicio de outsourcing ilegal.
Por su parte, Santiago Nieto, titular de la UIF, explicó que irán contra empresas que trabajen esquemas de subcontratación ilegal, pues la mayoría de ellos operan con facturas falsas, compañías fachada y outsourcing ilegal.
Al igual que se hizo con la facturación falsa, la autoridad ofreció una oportunidad de regulación a aquellas empresas que ejercen estos métodos para que se acerquen y muestren su voluntad para cambiar su situación fiscal.
La UIf detalló que se localizaron mil 854 empresas relacionadas al outsourcing ilegal, de las cuales sólo mil 86 tenían información financiera y, de ellas, fueron señaladas siete para abrir investigaciones.
A su vez, Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo, puntualizó que cerca de 5 millones de trabajadores se encuentran en el esquema de subcontratación ilegal y se estima que aproximadamente seis mil empresas del país usan este esquema para evadir 21 mil millones de pesos al año.
En ese sentido, Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que durante diciembre se detectaron 14 mil 553 empresas que dieron de baja a todo su personal, aproximadamente 64 mil personas.
Los funcionarios coincidieron en destacar que esta “cacería de outsourcing” es en beneficio de los trabajadores, en el sentido de hacer valer sus derechos laborales y obligar a las empresas a pagar las prestaciones completas para que los trabajadores puedan acceder a mejores oportunidades.
En lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se han presentado 51 denuncias sobre estas modalidades evasivas: 31 relacionadas a empresas fachada, 15 operaciones simuladas y 5 subcontratación ilegal.
El presidente consideró que estas acciones que se implementarán ayudará a reducir el número de desempleos que anualmente se registra en diciembre, lo cual consideró como un abuso.
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