Colima.- El grupo ambientalista Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) exigió la destitución del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CEDH), por considerar que apoya al grupo de habitantes de Zacualpan que bloquea el acceso al balneario Ojo de Agua.
En un boletín de prensa, la REMA asegura que el grupo encabezado por el ex comisiario de bienes comunales, Carlos Guzmán, ha recibido la protección de las autoridades estatales y federales, y del propio Chapula de la Mora.
Aunque también debe mencionarse que incluso la sede de la CEDH y el propio ombudsman estatal han prestado las instalaciones de la institución para que sea el centro fijo desde el que, quienes ahora piden su cabeza, pudieran denunciar una y otra vez en rueda de prensa sus conflictos en contra del ex comisario Carlos Guzmán.
Texto íntegro del comunicado:
Pese a que los comuneros indígenas de Zacualpan, Colima, han decidido de manera legal a sus autoridades, proceso convocado y vigilado por la misma Procuraduría Agraria, vigilada por el gobierno del estado por medio de la presencia policiaca, con presencia del Notario Público, con documentos oficiales del Registro Agrario Nacional, con total legalidad y legitimidad ante la opinión pública, el gobierno no los deja en paz e insiste en provocar violencia y desestabilización entre el pueblo indígena.
El grupo minoritario de los comuneros simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con evidente y burdo apoyo del gobierno del estado, y con la asesoría de la Delegada de la Procuraduría Agraria, siguen siendo apoyados por la policía quienes protegen y custodian los intereses del grupo minoritario y quienes se niegan a entregar la administración del Ojo de Agua que ingresa grandes sumas por concepto de turismo para el beneficio de la comunidad, pero que por años ha sido la cuota de corrupción y enriquecimiento ilícito que se niegan a transparentar.
Este pequeño grupo mantiene un cerco al presidente de Bienes Comunales y otros 70 comuneros quienes se encuentran retenidos con el apoyo de la policía, por medio del bloqueo de la salida del Ojo de Agua y evitando que se les proporcione alimentos y cobijas.
El Ojo de Agua reporta más de 90 mil pesos cada mes, fondos que no se han transparentado y del cual se benefician un puñado de simpatizantes del PRI. Las nuevas autoridades han procurado que el centro turístico sea en beneficio de la comunidad, ofreciendo empleos a toda la comunidad, ofreciendo becas para jóvenes deportistas, apoyo para medicinas para enfermos, beneficios para las escuelas, prestamos para cooperativas de la comunidad, apoyo a viudas para el sepelio, etc.
Sin embargo, a estas actitudes del gobierno del estado, se suma el apoyo a las ilegalidades, la omisión y actuación en apoyo a la violación de los derechos humanos por parte del Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Colima, Roberto Chapula de la Mora, quien obviamente no defiende los derechos humanos de la población afectada sino que no oculta su preferencia y apoyo público a los que ilegalmente mantienen bloqueado el libre tránsito al Ojo de Agua. Y esto es sumamente grave para el país, la colusión de los funcionarios obligados velar por los derechos humanos en actos de solapamiento, provocación y apoyo a las ilegalidades y violaciones a los derechos de los pueblos indígenas.
La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) advierte que esta escalada de violencia ya se ha advertido y documentado a lo largo de todo el año 2014 ante el Ministerio Público y a la opinión pública nacional e internacional, con actitudes de provocación para desestabilizar el proceso legal y legítimo de la mayoría de los indígenas comuneros, en total contubernio y provocado por el gobierno del estado, la Procuraduría Agraria, SEDATU, la CEDH, la policía municipal y estatal, de tal manera que se acerca a un punto grave de violencia tal que no queremos que se convierta el caso de Zacualpan como la violencia desatada por los tres niveles de gobierno en Ayotzinapa, Guerrero; como lo fue en Acteal, Chiapas; o como en San Juan Copala en Guerrero, por mencionar solo algunos casos en que la ilegalidad y la impunidad, con el apoyo de la policía, han terminado en masacres.
La colusión de los partidos políticos como el PRI, de funcionarios priístas como el secretario general de Gobierno Rogelio Rueda, o funcionarias como María Elena Díaz Rivera, del gobernador Mario Anguiano, de la policía y otros niveles de gobierno, tendrá una grave consecuencia de seguir insistiendo en la ilegalidad de sus actos. Ningún funcionario en este país debe sentirse impune a la acción de la justicia. Tarde o temprano, funcionarios de los tres niveles de gobierno -que no son eternos- han asumido las consecuencias penales de sus actos.
La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) exige:
La destitución del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), Roberto Chapula de la Mora.
El retiro inmediato de la policía estatal y municipal, y el deslinde de las responsabilidades en que incurren por acción u omisión.
La aplicación de la ley contra Carlos Guzmán y su grupo quienes impiden el ejercicio de gobierno de la Presidencia de Bienes Comunales de Zacualpan y generan corrupción, violencia y divisiones comunitarias.
Entrega inmediata de las instalaciones del Ojo de Agua que mantienen bloqueada violenta e ilegalmente un grupo de comuneros. La PGR tiene la obligación de acatar la resolución inmediata de desalojo.
Liberación inmediata del secuestro del Presiente de Bienes Comunales y comuneros y comuneras, por parte del grupo de Carlos Guzmán, el gobierno estatal y municipal con uso y apoyo de la policía. Y la aplicación de la ley a los secuestradores.
Aplicación inmediata de las órdenes de aprehensión contra 11 comuneros que con lujo de violencia e impunidad amedrentan e impiden la normalización de las actividades de la Asamblea de comuneros de Zacualpan.
Auditoría inmediata del ejercicio de recursos públicos que recibió el anterior periodo que presidió Carlos Guzmán para beneficio de la comunidad, así como de los miles de miles de pesos recabados por la administración del Ojo de Agua, y cuyo paradero no se tiene conocimiento ni informe en Asambleas.
Respuesta a la demanda entregada en la Secretaría de la Función Publica el dia 07 de Abril de 2014, que exige con pruebas el deslinde de responsabilidad penal y administrativo contra la Delegada de la Procuraduría Agraria de Colima María Elena Díaz Rivera.
Los tres niveles de gobierno, así como la policía y otros funcionarios y funcionarias están a tiempo de detener la violencia que pretenden desatar desde hace mucho tiempo entre la población indígena. Esto ya se ha advertido desde hace casi un año.
Por ello, seguimos reiterando la exigencia del Estado de Derecho, y responsabilizaremos al gobierno del estado, al gobierno municipal, a la policía, a la delegada de la Procuraduría Agraria, al Partido Revolucionario Institucional, así como al ombudsman de Colima y a los empresarios que se empecinan por imponer su proyecto minero de oro, por la violencia que pretenden desatar con sus ilegalidades.
Exigimos el respeto y cumplimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas, el respeto al actual Comisariado de Bienes Comunales y a su Consejo de Vigilancia; respeto a la decisión de la Asamblea Comunal; así como al Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y a la organización Bios Iguana, ambos defensores de los derechos humanos e integrantes de la REMA.
¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERIA (REMA)
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