Por Héctor A. Romero Fierro
Recién hemos visto una serie de acciones que no solo podemos identificar como guerra sucia, debemos de calificarlas como ataques carentes de ética electoral por parte de los candidatos de Morena, quienes al ver reducidas drásticamente sus posibilidades de triunfo acuden a estas prácticas con fuerte apoyo de las instituciones del gobierno federal.
Los primeros ataques los vimos en contra del candidato de Movimiento Ciudadano a la candidatura de Nuevo León, a quien involucraron en una serie de supuestos delitos pretendiendo bajarlo del primer lugar de las preferencias electorales en esa entidad federativa.
Luego contra el gobernador de Tamaulipas. Eso mismo pretenden hacer aquí, afortunadamente el candidato a la alcaldía de Guadalajara, Pablo Lemus, lo detectó y así lo denunció desde hace varios días en redes sociales, señalando que “preparan, con apoyo del Gobierno Federal una campaña de desprestigio en mi contra”.
Dicen en mi rancho, “sobre aviso no hay engaño”. Iniciaron colando un supuesto “adeudo” amparado por una “hoja” que cualquiera pudo elaborar con una computadora, señalando que Lemus adeuda al fisco más de ocho millones de pesos.
El documento, insisto, no es un documento determinante de un crédito fiscal, ya que este de existir debería estar contenido en una resolución y contienen la firma autógrafa o electrónica del funcionario que la emitió, y si así fuera, él podría, en todo caso, interponer los medios de defensa correspondientes.
Curioso que este tipo de ataques, tan burdos y sin sustento jurídico provengan del Gobierno Federal. Al advertirlo, la ciudadanía ya lo esperaba, no causó efecto negativo alguno y se le revirtió a Lomelí al quedar en evidencia su grado de desesperación.
Debemos de calificarlas como ataques carentes de ética electoral por parte de Morena,
El “Doctor Lomelí” debe recordar bien que la empresa de la que muchos señalan que es accionista, fue señalada hace algunos años por el propio Servicio de Administración Tributaria (SAT) como empresa “EDOS”, esto es, empresas que compran facturas que amparan bienes inexistentes para deducir y acreditar el IVA respectivo.
Al parecer fueron “arreglados” esos multimillonarios créditos fiscales y nunca se investigó, como era su obligación la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Esa información la publiqué en esta misma columna el 3 de noviembre de 2017 donde señalé: “FACTURAS CHUECAS”… “LOMEDIC SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE utilizaba facturas apócrifas (falsas) expedidas por las empresas “Comercializadora Coyuca”; “Comercializadora Apozol”; “Comercializadora Cocoyoc”, todas Sociedad Anónima de Capital Variable.
La primera reporta operaciones facturadas presumiblemente apócrifas por 122 millones 390 mil 18 pesos; la segunda por 94 millones 499 mil pesos y la tercera por la friolera de 192 millones 357 mil 517 pesos, o sea más de 400 millones de pesos.
Esto consta en los oficios emitidos por ese órgano de fiscalización con números 500-05-2017-2360 y terminaciones 2359 y 2358, respectivamente. Nunca se conoció cómo concluyó esa presumible defraudación fiscal.
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