Colima.- El proceso que se lleva en el Congreso del Estado para sancionar a Mario Anguiano, ex gobernador de Colima, así como a cinco ex funcionarios más por haber usado un crédito de 638 millones de pesos para fines diferentes a los que estaba destinado, podría echarse a bajo por inconsistencias en el mismo.
Así lo afirma en entrevista Nicolás Contreras Cortés, presidente del Congreso del Estado, al advertir que si este proceso llegara a caer, no habría vuelta atrás.
“Ya no habría, pero hay otras auditorías que están abiertas y que se están practicando, por eso nosotros hacíamos la observación de que se cuidara, inclusive la propuesta era que se bajara el dictamen y se revisara, pudimos haberle solicitado al Osafig que profundizara más en las sanciones para tenerlas más amarradas jurídicamente y que no les diéramos resquicios para que puedan justificar una probable violación”.
A continuación se detallan las presuntas inconsistencias que el legislador detecta en el proceso.
1. De acuerdo al artículo 35 de la Ley de Fiscalización del Estado de Colima, uno de los requisitos del informe de resultados debe ser la mención de su objetivo y el alcance del mismo, sin embargo, en el caso del dictamen, la materia y los resultados parecen rebasar a los mismos.
2. El artículo 43 de la Ley de Fiscalización que fundamenta tanto el dictamen de Hacienda como al informe del Osafig, precisa que cuando se presenten denuncias, indicios o información pública mediante los que se presume el manejo, aplicación o custodia irregular de los recursos públicos y su desvío, el Órgano Superior podrá requerir a las entidades fiscalizadas para que rindan un informe de la situación mediante el ejercicio fiscal sobre las situaciones denunciadas, sin embargo, desde el 15 de noviembre de 2015, el estado solicitó se revisara la situación excepcional, lo cual no fue hasta el 2 de febrero de 2016.
3. El artículo 45 de la Ley de Fiscalización define cuáles son las situaciones excepcionales que sirven de fundamento a la revisión de excepción, sin embargo, presuntamente, en ninguna parte del dictamen de Hacienda y del informe del Osafig se motiva por cuál de las referidas causales se determina la procedencia de este procedimiento, lo que, presuntamente, constituye una seria deficiencia.
4. Tanto el informe del Osafig como el dictamen de Hacienda, no realiza, presuntamente, la debida vinculación de las hipótesis jurídicas violadas en las conductas específicas realizadas y las supuestas irregularidades cometidos, es decir, adolece de la debida motivación, por lo consiguiente, habría riesgo de que se determine su inconsistencia.
5. En el texto del dictamen y el informe de resultados se refiere como una irregularidad la simulación de un pago por 478 millones de pesos sin provisión de fondo expedido el 31 de diciembre de 2014, y la apertura de un nuevo crédito el 2 de enero de 2015 presuntamente para cubrir el importe del primero y evadir su inscripción como deuda pública, sin embargo no se determina qué acciones proceden al respecto, o en contrario, porqué razón se determinó no incluir esta irregularidad para determinar la existencia de responsabilidad, aunado a que esta circunstancia podría considerarse que excede el objetivo del procedimiento, lo que puede prestarse a que, en lo posterior, no se le pueda responsabilizar de dicha conducta.
Cuestionado sobre los señalamientos de que los propios diputados panistas parecieran cometer inconsistencias para que el proceso contra el exgobernador se echara abajo, afirmó no poder respaldar a ninguno.
“La verdad es que yo no meto las manos al fuego por nadie, no hay indicios o pruebas de que así sea, pero tampoco defiendo a nadie. En el dictamen hay serias deficiencias técnicas que ponen en riesgo la viabilidad de la sanción”.
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