Durante su participación en la LVI sesión ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA), Carmen Enedina Rodríguez Armenta, directora general de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública dijo que en los últimos veinte años, las universidades públicas estatales del país han venido incrementando su matrícula, gracias sobre todo a los recursos extraordinarios asignados a dichas instituciones, “recursos que desde el 2016 han ido disminuyendo, al punto de haber desaparecido prácticamente en la actualidad”.
CUPIA es el órgano colegiado de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) encargado de coordinar el trabajo de las 203 instituciones públicas asociadas.
Pese a la disminución de recursos, destacó, las universidades han seguido aumentando su matrícula y cobertura, “lo que demuestra un buen ejercicio del gasto con un recurso mínimo. Todas las universidades del país han crecido en cobertura; sin embargo, las brechas cada vez son más amplias. Por ejemplo, Chiapas en el 2001 estaba ocho puntos por debajo de la media nacional en cuanto a cobertura y actualmente se encuentra a más de 20 puntos por debajo de esta media”.
Agregó que hay 24 universidades estatales que ofrecen estudios de bachillerato y que no reciben recursos de más por hacerlo, “por lo que estamos planteando favorecer con un recurso extra a las instituciones que ofrecen este nivel educativo; estamos haciendo gestiones conjuntas, lideradas por los subsecretarios Juan Pablo Arroyo y Luciano Concheiro, para que dichas universidades cuenten, de manera etiquetada, con este recurso adicional”.
Recordó que el artículo 65 de la Ley General de Educación Superior establece la necesidad de asegurar una participación equitativa en el financiamiento de la educación superior. Dice que las aportaciones, tanto de las entidades como de la federación, deberán realizarse de manera equitativa y paritaria en proporción de un 50 y 50 por ciento. Sin embargo, añadió, a la mayoría de universidades del país les entregan mucho menos del 50 por ciento; “sabemos que no se puede de un año para otro entregar el 50 por ciento, pero lo que sí pueden hacer con su congreso local es gestionar que, a lo mejor el siguiente año, le suban un dos por ciento y el que sigue otro dos por ciento, y así sucesivamente, de manera tal que podemos llegar al promedio nacional, que es el 50 por ciento que demanda la ley”.
Destacó, en este sentido, que la crisis por la que atraviesan algunas universidades públicas del país “no es un tema de mal ejercicio de los recursos, sino del incremento de la matrícula”, de la desaparición de los recursos extraordinarios con que se apoyaba este aumento de estudiantes a lo largo de los años y del escaso o nulo recurso que entregan los gobiernos estatales; “incluso algunas universidades que están en crisis dejarían de estarlo si el gobierno del estado les entregara la cantidad que les corresponde”.
Roríguez Armenta añadió que desde el 2019 se ha llevado un seguimiento puntual de aquellos estados que presentan atrasos en la entrega de recursos a sus universidades y cada mes se le entrega un oficio al gobernador o gobernadora; “como ustedes saben, no somos un órgano fiscalizador, y desde este año hemos hecho llegar una copia a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública para que se tomen las medidas que se deben tomar”.
Informó que por parte de los estados, se adeudaron aportaciones a las universidades en 2019 por poco más de 2 mil 300 millones de pesos; en 2020 bajó esta deuda a mil 950 millones, pero en 2021 se alcanzó la cifra de 3 mil 700 millones de pesos; “tenemos atrasos en Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua e incluso Colima, donde el gobernador se declaró en quiebra y desde marzo no le entregan ni un centavo a la universidad estatal, siendo que no era una universidad en crisis”.
Sobre el tema, dijo que han tenido reuniones con la Confederación de Trabajadores Universitarios (CONTU) y con varios sindicatos, “para que tengan la sensibilidad de que no es un tema de las y los rectores el hecho de no pagarles la política salarial, aunque nos indican que podría llegar a finales de noviembre”.
Finalmente, agradeció los aportes que han realizado las instituciones de educación superior del país en las más de 70 mil acciones relacionadas con esta contingencia sanitaria, así como el apoyo brindado en el proceso de vacunación que fue, dijo, muy exitoso; “por último, les menciono la importancia del regreso de manera presencial a las aulas, para evitar que sea mayor el daño socioemocional que ya tienen los estudiantes”.
