El sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, director del albergue Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca; fray Tomás González, del albergue La 72, de Tenosique, Tabasco; y el clérigo Heyman Vázquez, de El Hogar de la Misericordia, ubicado en Arriaga, Chiapas, en entrevista con CNNMéxico, coincidieron en que en los últimos seis años se potenciaron los casos de asaltos, abusos, secuestros, reclutamientos forzados y homicidios violentos, en agravio de los miles de migrantes indocumentados que buscan llegar a Estados Unidos a través de la frontera con México.
“Durante muchos años el gobierno mexicano negó que en las rutas que utilizan los migrantes, sobre todo los que provienen de Centroamérica, cientos de ellos fueran perdiendo la vida. Desde el año 2004 en que se abrió el albergue de Arriaga, esta situación se fue agravando, hasta que ya fue imposible ocultarla, porque los familiares de los migrantes desaparecidos empezaron a entrar a México en su búsqueda”, explicó Heyman Vázquez.
El Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (Cofamide), conformado principalmente por madre de migrantes, fue de los primeros que se organizaron para buscar a los familiares.
Con el apoyo de activistas, clérigos integrantes de la Pastoral de la Movilidad Humana, y organizaciones solidarias, conformaron caravanas que caminaron la ruta de los migrantes, en su afán por localizarlos.
Se les unieron familiares de migrantes provenientes de Honduras y Guatemala, y en al menos siete ocasiones han entrado a México y sostenido encuentros con autoridades de este país, para intentar la búsqueda institucional de sus connacionales.
En 2010 lograron llamar también la atención y la solidaridad del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), con quien iniciaron la conformación de un banco de dato genético para facilitar la búsqueda de los migrantes desaparecidos.
Este año, de acuerdo Alejandro Navas, consejero del Consejo Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Chiapas, este organismo logró el acuerdo para que el EAAF exhumara e iniciara los trabajos de identificación genética de los restos de presuntos migrantes, que se encuentran en las fosas comunes de los cementerios municipales de Ciudad Hidalgo y Tapachula, Chiapas.
Este proyecto donde también participa la organización Voces Mesoamericanas, es el primero que se inicia en México, y permitirá comparar las muestras de ADN de familiares de los migrantes, con la de los restos localizados en las fosas comunes.
“Es un hecho sin precedente en México, que permitirá darle a algunas familias la certeza de qué pasó con sus familiares”, explicó el consejero.
Detalló que el acuerdo logrado con el EAAF y Voces Mesoamericanas es para el levantamiento de estudios genéticos de quienes fueron sepultados en las fosas comunes de los dos cementerios donde ahora se trabaja, y en un segundo momento el de Arriaga, donde según señala el encargado del lugar, están los restos de al menos otras 34 personas.
De acuerdo al sacerdote Alejandro Solalinde, esta acción que se emprendió en México esta semana, trasciende también porque es el reconocimiento de parte de autoridades mexicanas, “de que detrás de la migración está el tema de las desapariciones. Hay cientos, posiblemente miles de migrantes desaparecidos y posiblemente muertos de forma violenta en nuestro país”.
“El trabajo que ahora se inicia en Chiapas abre la puerta para el reconocimiento oficial de que existe un número incuantificable de quienes fallecieron en su paso por México, la mayoría en forma violenta”.
El director del albergue de Ixtepec dijo que no se ha podido cuantificar ni conocer la magnitud de este hecho, que hasta hace poco estaba condenado a la ignorancia, a pesar de la masacre de migrantes en Tamaulipas, ocurrida el 23 de agosto de 2010, hoy hace dos años.
“Desde hace mucho tiempo hemos denunciado que paralelo a la ruta de los migrantes, está la ruta de las fosas clandestinas. A nosotros campesinos nos han revelado que se han encontrado restos de centroamericanos, a los que los lugareños entierran sin dar aviso a las autoridades, con el fin de no verse involucrados en estos hechos. Para nosotros es común que nos digan: ‘padre, encontramos unos restos, hicimos oración y los enterramos cerca de vías del tren’”, relató.
En otros casos, los menos según relata Solalinde Guerra, se da aviso a las autoridades locales, quienes al percatarse de que se trata de migrantes, los depositan en las fosas comunes, o incluso en las afueras de los cementerios.
“Generalmente no se toman fotografías de los cuerpos, u otras muestras que permitan con posterioridad identificar a las personas. La mayoría muere durante los asaltos, las agresiones y los secuestros; muere cuando se les paso la mano en tortura, y las entierran ahí donde las matan”, explicó por su parte fray Tomás González.
Los tres directores de los albergues ubicados en la Oaxaca, Tabasco y Chiapas sostuvieron que el trabajo de investigación y el levantamiento del banco de datos genético que ahora se realiza en los cementerios de este último estado, “es un comienzo modesto en comparación con el número de migrantes fallecidos y sepultados sin identificación; pero que abre la posibilidad de que otras entidades lo repliquen, y que el gobierno federal lo asuma como propio”.
Explicaron que según testimonios de los propios migrantes, las entidades donde hay un mayor número de sus connacionales en fosas comunes y tumbas clandestinas, son los estados de Veracruz y Tamaulipas.
Con información de CNN
