Colima.- Visiblemente molestos, este viernes un grupo de habitantes comuneros de la comunidad indígena de Zacualpan, llegaron a la sede de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), y denunciaron la prepotencia de la que han sido objeto por parte de la delegada de la Procuraduría Agraria, María Elena Diaz, y afirmaron «Los indígenas ya no somos ignorantes como antes».
Unos 20 comuneros con documentos en mano que los acredita como comuneros, señalaron que la delegada federal en contubernio con el actual comisario, Carlos Guzmán, actúan de manera dolosa para favorecer la instalación de una mina en esta zona de la sierra de Colima con la que se afectarán más de 100 hectáreas.
Los indígenas señalaron que una y otra vez han cumplido con los requisitos y las condicionantes que les ha pedido la funcionaria para poder convocar a una asamblea, pero que cuando cumplen con lo estipulado, les pone más requisitos.
Epitacia Zamora Teodoro, señaló «Soy comunera y tengo mis papeles, pero que lo sepa el señor Carlos y la delegada, soy gobierno pero que obedezcan, ellos no tienen por qué ponernos condiciones, es el pueblo quien debe poner condiciones, deben gobernar obedeciendo, porque no somos los indígenas de antes, ignorantes como la delegada cree, que ha venido siempre manipulando las asambleas anteriores», dijo.
«La denunciamos, una servidora pública no debe estar en ese puesto, qué vamos a hacer los demás pueblos, qué va a hacer Colima con servidores públicos que no sirven, ¿nosotros que somos indígenas les vamos a enseñar como regirse?, yo quiero seguir en la lucha de no a la mina y la destitución de Carlos Guzmán y si es posible de la delegada, porque un servidor público está para servir a la gente, porque de nuestros impuestos vive».
Los comuneros argumentan que amparados en el artículo 40 de la Ley Agraria, han presentado más de dos veces las firmas de más de 100 comuneros, superior esta cifra al 20 por ciento obligatoria para convocar a una asamblea de los 270 que existen, pero una y otra vez ella arbitrariamente descalifica la lista para que no se realice la asamblea en la que pretenden destituir a Carlos Guzmán.
Rosalino Martínez, señala que lo que ella ha realizado es una injusticia.
«Primero pedía que le lleváramos las firmas para entonces convocar a la asamblea, pero puso un pretexto de que esas firmas no coincidían y entonces pidió que se llevara copia de la credencial y las conseguimos y llevamos las 160 firmas y nos parece una injusticia. Ella está jugando con nosotros, ella está protegiendo a Carlos Guzmán, porque cumplimos con los argumentos para convocar y ella no los convoca».
Lo que los comuneros pretenden hacer ahora es acudir a la Procuraduría Agraria pero a nivel central para pedir que se cumpla la normatividad, e irán ante el órgano interno de la propia dependencia y se pondrá una denuncia porque no está cumpliendo con sus funciones y por dilatar el proceso, además de atender a los indígenas con malos tratos y amenazas.
«Se le presentaron 108 firmas y papales de los comuneros y ella argumenta que ocho no coinciden, pero finalmente se cumple con la normatividad que dice que con el 20 por ciento de las firmas se puede pedir una asamblea».
Los indígenas señalan que el punto de acuerdo aprobado por el Congreso del estado, es un avance para crear conciencia en las autoridades para que vean el daño que se realizará a la zona con la instalación de una mina.
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