Ciudad de México.- A pesar de los esfuerzos, los problemas en materia de seguridad pública aún son enormes, frente a los niveles de violencia alcanzados en algunas zonas del país, reconoció el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, durante la Glosa del VI Informe de Gobierno ante el Pleno del Senado de la República.
La participación de las Fuerzas Federales en materia de seguridad pública requiere de un marco legal, para resolver el reto que representa la convivencia de soldados y civiles en tareas de seguridad en tiempos de paz.
Detalló que uno de cada cuatro municipios del país no tiene la capacidad de cumplir con la obligación constitucional de brindar seguridad pública, al carecer de un cuerpo de policía; y es donde participan las Fuerzas Armadas y la Policía Federal.
La violencia está asociada con la expansión de actividades ilícitas de los grupos delictivos vinculados con el crimen transnacional, que aprovechan la porosidad de las fronteras y han sofisticado sus métodos, sirviéndose de los avances tecnológicos.
El secretario explicó que durante la actual administración se destinaron más de 82 mil millones de pesos para fortalecer las instituciones locales de seguridad, cantidad casi 25 por ciento de la administración anterior.
“Sin embargo, es claro que los retos del país requieren corresponsabilidad y un esfuerzo de Estado”.
Sostuvo ante el Pleno que el actual gobierno no deja crisis política, ni económica, ni social.
Destacó la creación de la Coordinación Nacional Antisecuestro y el fortalecimiento de las Unidades Especializadas de Combate al Secuestro en las entidades federativas, que redujo su incidencia en 54.1 por ciento, al comparar cifras de agosto de 2018 contra el mes de octubre de 2013.
Otro de los temas importantes que asumió la actual administración fue consolidar el Sistema Penal Acusatorio, al que se le invirtieron cerca de 18 mil millones de pesos.
En materia de migración, concluyó, se fortaleció el programa “Paisano” e inició la operación de “Somos Mexicanos”, para facilitar la reinserción social y económica de los mexicanos que retornan definitivamente al país. Con ambos, se apoyó a cerca de un millón de mexicanos desde 2014. BP