Colima.- El secretario de Administración y Finanzas, Jesús Orozco Alfaro, señaló que el Gobierno del Estado tiene finanzas sanas.
Al comparecer ante diputados locales con motivo de la glosa por el Tercer Informe del Gobernador, señaló que la administración estatal que encabeza Mario Anguiano tiene una deuda de mil 937 millones de pesos.
Destacó que la dependencia a su cargo se ha conducido a partir de los criterios de racionalidad, calidad, honestidad y transparencia, al mismo tiempo que explicó con detalle el destino del financiamiento contraído por el Gobierno del Estado durante el año pasado.
Precisó que en noviembre, al acudir a la sede del Congreso previo a la aprobación del paquete económico, fue puntual al señalar que las cifras de 900 millones de pesos se referían a la solicitud del crédito, mientras que las dadas a conocer en otro momento y que nuevamente fueron explicadas en la comparecencia de este miércoles, se refieren al ejercicio del monto que finalmente fue contratado.
Jesús Orozco expuso que está acreditado el manejo responsable de la deuda, indicando a la vez el manejo responsable y las calificaciones obtenidas por la misma dado su bajo nivel de riesgo.
Destacó que Colima obtuvo la mejor calificación sobre acceso a información sobre gasto público y el primer lugar en el índice estatal de transparencia presupuestaria que maneja el Instituto Mexicano de la Competitividad.
El funcionario estatal refirió que actualmente se trabaja con los Ayuntamientos para encontrar soluciones que permitan alcanzar una mayor estabilidad financiera. También habló de perfilar un acuerdo político entre los diez municipios y el Gobierno del Estado para darle a Colima un mayor equilibrio financiero.
Más adelante, Jesús Orozco precisó que en Colima existen la necesidad y condiciones para revisar el marco del sistema de pensiones para dar viabilidad al esquema y garantizar los derechos y recursos de los trabajadores.
A pregunta de los legisladores, aseguró que el Gobierno del Estado pagó puntualmente el último aguinaldo y dijo que gracias a las medidas de austeridad y optimización del gasto implementadas el año pasado se logró cerrar el ejercicio 2012 sin dificultades mayores.
Con respecto a la adquisición de vehículos, informó que se ha realizado con transparencia y que en su momento fue debidamente explicada a la opinión pública, a la vez que expuso que del personal al que no se le renovó el contrato el año pasado, cuando mucho el 5 por ciento fue recontratado.
El secretario de Administración y Finanzas respondió a las preguntas del diputado priista Óscar Valdovinos, quien cuestionó acerca el subsidio a la tenencia. Sobre esto, Orozco Alfaro dijo que el egreso en ese rubro se compensa con el pago de las obligaciones fiscales de los ciudadanos, a la vez que indicó que la redistribución de las participaciones federales han afectado al estado, ya que se han dejado de percibir mil 500 millones de pesos.
Al diputado Heriberto Leal Valencia, de Nueva Alianza, especificó que gracias al programa de racionalización de los recursos se han dado ahorros en servicios personales por 25.5 millones de pesos, mientras que por materiales y suministros han sido 13.5 millones de pesos, y que con los Ayuntamientos se trata de instaurar “un programa de eficiencia en el cobro de impuesto predial, agua potable y alcantarillado, para que mejore el índice de participaciones en la recaudación local”.
Alfaro puntualizó que en el Presupuesto de Egresos “no se erogará más de 200 millones de pesos por concepto de pago de deuda”. Además, dijo que en el tema de la reestructuración del régimen de pensiones Colima “ya está en la necesidad y con las condiciones de reforma al sistema. Vemos con buenos ojos la iniciativa de esta Legislatura de poner un tope a las pensiones. Necesitamos consensuar el alcance de la reforma que permita garantizar a los trabajadores que su patrimonio quedará resguardado”.
Sobre los programas y planes de austeridad, dijo que se han estado aplicando; prueba de ello fueron las adjudicaciones directas por las que se erogaron 5.9 millones de pesos en 2012, bajando 31 por ciento en ese rubro respecto a 2011.
“Los números que tenemos en gastos y adquisiciones en el Índice de Competitividad de los estados nos ponen en primer lugar; el Índice de Transparencia y Buen Gobierno ninguno se refiere a compras y abastecimientos, sino a algunos asuntos entre particulares en donde el gobierno no tiene nada qué ver”.
Antero Valle señaló 10 servicios en los que se relaciona la presencia de corrupción: al regularizar cualquier trámite de vehículo, tramitar la licencia de conducir, gestionar la constancia de uso de suelo, ingreso a trabajar en Gobierno, registro de servicios de carácter estatal, apoyos de gobierno estatal, recuperación de autos robados y acreditación de becas para estudiantes.
No obstante, Jesús Orozco dijo que en cuanto a trámites y acciones, “al medirnos con cualquier índice de lo que es competencia nuestra, Colima está en primer lugar”.
Por otra parte, explicó al diputado perredista Francisco Rodríguez que hubo recortes de personal para poder contratar a más elementos en Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Educación en magisterio estatal, donde se generan más plazas y contrataciones. “No es ardid publicitario. Es una decisión responsable”.
Respecto a la plantilla laboral, indicó que suman 8 mil 27 trabajadores en todas las modalidades de contratación a la vez que informó sobre el 5 por ciento de personal recontratado.
Esta información fue rebatida por el diputado Rodríguez, quien aseguró que la Dirección de Recursos Humanos cifra en 9 mil 315 el padrón, y que se recontrató al 20 por ciento de quienes fueron cesados. Orozco Alfaro respondió que la cifra 9 mil 315 “corresponde a horas de docencia del magisterio y no de trabajadores”.
Francisco Rodríguez cuestionó además sobre el motivo por el que la Secretaría de Administración y Finanzas había procedido con el despido directo de los trabajadores si por ley las reducciones debieron darse en comunicación social, servicios administrativos, reducción en gastos en servicios personales y finalmente el despido de personal.
Alfaro respondió que “ese ajuste se da en función de dónde tenemos un poco de más posibilidad de margen y bajo algunos lineamientos de racionalización del gasto. El lineamiento no es solo afectar por afectar, sino reducir gastos en telefonía, gasolina, mantenimiento, papelería, viáticos, que se reflejan en los capítulos de gasto de comunicación social. Si revisamos a detalle el ajuste y el programa de racionalización, concluiremos que hemos afectado el ejercicio del presupuesto de distintas dependencias”.
Explicó también el caso de la adquisición de un automotor tipo Secoya, valorado en 700 mil pesos, para uso del gobernador del Estado. “Es una reposición que se hizo. Lo usa en eventos especiales. El vehículo que se compró es uno compacto que costó 150 y tantos mil pesos. El resto del parque vehicular que se ha adquirido es para apoyar las labores de Seguridad Pública. Son vehículos asignados a estos funcionarios”.
Interrogado sobre el tema, dijo que se pagó puntualmente su aguinaldo a todo los trabajadores sindicalizados, explicando que a la Secretaría de Finanzas nunca llegó el monto para el magisterio por concepto de El Buen Fin y que la negociación del monto final para la adquisición de la reserva arqueológica de La Campana está en proceso.
En las rentas de espacios dijo que han continuado “porque el monto de arrendamiento no se ha elevado”. En otros casos vencen los contratos de arrendamientos y el propietario no quiere renovar; o por espacio las dependencias cambian de domicilio. Aunque consideró que en el caso de los tribunales estos son autónomos en su presupuesto y decisiones.
Negó que la dependencia a su cargo tenga contratos o adjudicaciones de servicios con otras dependencias o funcionarios del gabinete estatal e invitó a los legisladores a recordar que durante su comparecencia en noviembre de 2012, ante la Comisión de Gobierno y Hacienda, refirió que los 900 millones de pesos fueron planteados como parte de la solicitud de crédito.
“Lo que planteo ahora es el ejercicios de esos recursos en los distintos programas y acciones que pudieron cerrarse en el ejercicio de 2012. No hay ninguna inconsistencia: corresponden al planteamiento original del planteamiento. Eran 300 millones de pesos pero ejercimos 280 millones de pesos”, dijo.
“El monto de la deuda a pagar en 2013 es el 1.8 por ciento del Presupuesto de Egreso, explicó.
Coincidió con el diputado del PVEM, Mariano Trillo, en cuanto a la falta de un catálogo de las obras. “Lo tenemos, pero hubiéramos agotado el tiempo al reseñar sector por sector las obras realizadas con el financiamiento. Es una información para comentar que será reflejada en la cuenta pública de 2012 que estará sujeta a revisión tanto por el Órgano Superior de Fiscalización y esta Legislatura”, consideró.
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