Ciudad de México.- En una reciente conferencia, jueces y magistrados expresaron su preocupación por el elevado costo de la elección judicial de 2025, que se estima en más de 13 mil millones de pesos, una suma solicitada por el Instituto Nacional Electoral (INE).
En su intervención, los jueces compararon este presupuesto con los recursos asignados a sectores fundamentales para el bienestar del país, subrayando que esos fondos podrían emplearse en áreas que tendrían un impacto directo en la calidad de vida de los mexicanos.
Los jueces destacaron que el presupuesto de la elección equivale al 70% del asignado a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la principal universidad pública del país. En contraste, instituciones como el Instituto Politécnico Nacional (IPN) reciben anualmente solo 5 mil 400 millones de pesos, menos de la mitad de lo que se prevé para la elección judicial.
En el sector salud, las cifras revelan una disparidad considerable. Por ejemplo, el Hospital Infantil de México, una institución clave para el tratamiento de miles de niños, recibió apenas 264 millones de pesos en 2024. Mientras tanto, el Instituto Nacional de Psiquiatría, fundamental para atender problemas de salud mental, contó con solo 137 millones. Ambos presupuestos quedan muy por debajo de los recursos destinados a la elección de jueces.
En el ámbito de seguridad y bienestar social, el presupuesto de 2024 para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres fue de 363 millones de pesos, una cifra mínima comparada con los 13 mil millones previstos para la elección judicial. Este es un tema de urgencia, con consecuencias directas en la protección de millas de mujeres.
Los concluyeron que el gasto de 13 mil millones en una elección judicial resulta excesivo y que esos recursos podrían canalizarse a necesidades urgentes en salud, educación y seguridad, mejorando así el bienestar general de los mexicanos.
Además, los jueces y magistrados en la mañanera judicial, en voz del magistrado José Manuel Torres Ángel, señalaron que la noticia de que la Fiscalía General de la República (FGR) está investigando a jueces y magistrados por otorgar suspensiones contra la reforma judicial ha encendido las alarmas.
Desde la conferencia matutina de jueces, respondieron: conceder suspensiones no es un delito y no debería abrirse una investigación penal por ello.
Así lo explicaron: «Los jueces están haciendo su trabajo. Dar suspensiones es parte de sus obligaciones. Si alguien presenta un amparo, los jueces tienen que decidir si le dan o no una suspensión, que es una pausa temporal a la aplicación de esa ley mientras se resuelve el caso.Si alguien no está de acuerdo, puede apelar.»
«Si un juez decide otorgar o negar una suspensión, cualquiera de las partes afectadas (ya sea el gobierno o la persona quejosa) puede pedir a un tribunal superior que revise la decisión. Así, otra instancia puede confirmar o cambiar la decisión del juez inicial.»
Señalaron que cumplir la suspensión es obligatorio. Si el juez concede la suspensión, las autoridades mencionadas en el juicio están obligadas a respetarla, incluso si no están de acuerdo.
Consideraron que investigar a jueces por cumplir su trabajo pone en riesgo la independencia judicial.
«Si los jueces temen ser investigados por cada decisión que toman, la justicia se vuelve un tema de miedo y control.»
Magistrado José Manuel Torres Ángel
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