Jalisco.- La Fiscalía General y el Poder Judicial del Estado perdieron su primera batalla legal, luego que un Juzgado de Distrito ordenara la reinstalación del Juez José Efraín López Pérez, quien estaba adscrito a Ciudad Guzmán, acusado de dejar en libertad a presuntos delincuentes.
Al revisar el expediente el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal sobre la acusación promovida por la Fiscalía General del Estado, y del Consejo de Judicatura del Estado, en contra del Juez José Efraín López Pérez, quien estaba adscrito a Ciudad Guzmán, quien fue separado de su cargo al tener la hipótesis que había cometido un delito en contra de la administración de la justicia, se determinó que no había pruebas suficientes y concedió la suspensión provisional y la definitiva, para efectos de ser reinstalado en su cargo.
La Fiscalía General había afirmado en su acusación que en el actuar de sus sentencias había dejado salir a personas que se consideraban delincuentes, pero al paso del tiempo y que se revisó por una instancia superior le otorgó la razón al trabajador del Poder Judicial del Estado, con esto imposibilita al agente del Ministerio Publico de llevar a cabo la apelación del caso, debido a que desde un principio la averiguación previa estaba mal fundamentada jurídicamente.
Mientras, Martha Leticia Padilla Enríquez, Juez Séptimo en Materia Mercantil, también ganó el amparo por el cambio de adscripción a otra población, pero el mandato es que fuera reinstalada en su antiguo lugar de adscripción al considerar que no se respetaron sus garantías individuales.
Por su parte, José Luis Guízar Abarca, Presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Jalisco A.C., dijo que este tipo de cosas pasan porque ni el Consejo de la Judicatura ni el agente del Ministerio Público hicieron su trabajo.
“Yo como abogado me siento dolido y reclamo a nombre del Colegio de Abogados Penalistas que se debe de ser más serio a la hora de hacer responsable a un Juez de cualquier acusación; se le debe de investigar y darle derecho a que se defienda y entonces castigarlos como corresponde. Se hacen acusaciones al vapor o castigan al vapor y ahí están los resultados: los Jueces de Distrito están concediendo los amparos solicitados para efectos de este tipo de casos”.
Guízar Abarca afirmó “que cualquier detenido o acusado por cualquier motivo o razón que constituya un delito, el agente del Ministerio Publico tiene la obligación de notificarle que está siendo acusado de un delito, y si se trata de un proceso el juez tienen que notificarle todo lo que esté actuando dentro de ese procedimiento al procesado”.
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