Según el expediente, la Comisión Europea dio un mes al gobierno de Viktor Orban para modificar sus leyes. De lo contrario, la CE amenazó con llevar a Budapest al Tribunal Europeo de Justicia en Luxemburgo, que podrá imponer sanciones económicas al país al borde de la quiebra financiera, sentando un precedente en la Unión Europea.
«No queremos que queden dudas sobre el respeto de la democracia», explicó Barroso. La CE urge al primer ministro conservador húngaro Viktor Orban a que modifique las reformas constitucionales relativas a los nombramientos en el Banco Central, al estatuto de los jueces y a la autoridad húngara responsable de la protección de datos.
Pocos minutos después, el portavoz del gobierno húngaro, Zoltan Kovacs, aseguró que «Hungría está dispuesta a solucionar todos los problemas con la Unión Europea». «Estamos seguros de que alcanzaremos un acuerdo en breve», añadió. «Estamos de acuerdo en los principios básicos, pero debemos seguir debatiendo asuntos técnicos y legales», añadió.
El gobierno húngaro irritó a las instituciones internacionales al imponer una reforma del banco central, que según la Unión Europea atenta contra la autonomía de la entidad, y una Constitución de tintes antidemocráticos.
«Hungría, como todos los otros Estados de la Unión Europea (UE), está obligada por los tratados a garantizar la independencia de su Banco Central, de la autoridad a cargo de los datos y de los jueces», recordó Barroso.
La UE también manifestó su preocupación por la independencia del poder judicial, luego de que el gobierno adelantara la edad de jubilación de los jueces de los 70 a los 62 años, lo que fue considerado como una estrategia de Orban para librarse de magistrados incómodos para el gobierno.
El Partido de Orban, Fidesz, obtuvo una victoria arrolladora en las elecciones de 2010 que le dieron una mayoría de dos tercios en el Parlamento, por lo que puede imponer sus leyes sin necesitar el apoyo de la oposición.
El gobierno húngaro también indignó a la comunidad internacional al provocar la salida del responsable de la Agencia Nacional de Protección de Datos y darle al gobierno poderes para reemplazarlo. Budapest está bajo la presión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que se inquieta particularmente por la independencia del presidente del Banco Central.
El conflicto podría tener repercusiones financieras importantes en un momento en que Hungría tiene dificultades para captar fondos en los mercados por sus elevadas tasas de interés. La UE y el FMI condicionan un nuevo préstamo de entre diez mil y veinte mil millones de euros al país que sufre una grave crisis financiera.
Recientemente, la CE amenazó con sancionar a Hungría, que no forma parte de la Eurozona, por no haber tomado medidas «suficientes» para reducir su déficit público hasta dejarlo por debajo del 3% del PIB a fines de 2012, como dicta la nueva gobernanza europea.
Con información de AFP
