Por Héctor Romero Fierro
Una nueva especialidad qué, para los abogados atados a lo tradicional les es imposible entender, y que para las nuevas generaciones es vital incluir en los programas de estudio, es el relativo al impacto jurídico que tienen los sistemas de cómputo en la vida de las personas, desde un celular hasta el llamado “Internet de las cosas”, ya que gracias a todos esos cambios que algunos nos ha tocado vivir desde la primer calculadora electrónica, hasta la posibilidad de tener casas completamente interconectadas, donde el refrigerador me informa de faltantes en su contenido, o es donde es posible activar un robot que haga la limpieza con solo un botón desde el celular, hasta convenios de mediación y los Juicios en Línea.
Gracias a estos dispositivos ahora es posible conectarnos entre nosotros y con nuestras casas y oficinas desde cualquier parte del mundo, y en el ámbito del Derecho se abrieron posibilidades enormes, cuya implementación en nuestro país se aceleró como respuesta a la pandemia.
Simplemente como ejemplo, hace no muchos años un abogado que quisiera estar actualizado tenía que comprar mensualmente el Semanario Judicial, publicación de la Suprema Corte que publicita las tesis y jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial Federal, por supuesto, sí yo quería encontrar alguna resolución, había que revisar cientos de libros para encontrar lo buscado, después de eso y gracias a la iniciativa de la Suprema Corte y con el apoyo de la Universidad de Colima, siendo Rector Fernando Moreno Peña, se editó el primer disco compacto CD, el cual contenía sencillas herramientas de búsqueda de las tesis y jurisprudencias emitidas por los integrantes de ese Poder desde el año 1917 hasta la fecha de edición del mismo.
Por motivos de mi trabajo, tengo el honor de tener el disco número cinco de esa primera edición. Después esa herramienta contenía tanta información que evolucionó a un formato DVD, y en la actualidad es posible hacer la consulta por internet, gratuitamente, las 24 horas del día y su base de datos se actualiza semanalmente.
El internet vino a facilitar tanto la vida de las personas permitiendo un acelerado intercambio de información de todas las ramas del saber, que es considerada la mejor invención desde la rueda, dando nacimiento, en el campo del Derecho, al llamado “Legal Tech”, cuya definición se queda limitada cuando sólo se refiere a aquellas soluciones tecnológicas que tienen la capacidad de mejorar el funcionamiento de un sistema jurídico en su conjunto, incluyendo sus instituciones, sus normas y los operadores del mismo.
En todas las actividades la información es sin duda, un activo muy valioso que debe ser adecuadamente protegido, y la misma debe estar a salvo de amenazas, riesgo e impactos negativos. Entre más información tenga en mis sistemas de cómputo, más amenazas tendré de empleados y ex empleados, proveedores, socios de negocios, hackers, competidores y enemigos, ya que mi información corre el riesgo de ser robada o simplemente alterada, o utilizada para hacer fraudes, provocando a la organización una total pérdida de confianza, de ingresos, de oportunidades y posibles sanciones por violación de regulaciones legales.
Recordemos el caso conocido como “Panamá Papers”, de un despacho jurídico con oficinas en todo el mundo, donde sus computadoras fueron vulneradas y se divulgó información de sus clientes, tan sensible que provoco hasta la caída de un Primer Ministro, por supuesto, el despacho desapareció.
Por todo eso nació el concepto de Ciberseguridad, donde podemos encontrar no solo la seguridad de las redes de los particulares, sino de la Nación, ya no hablamos solo de información personal, hablamos de la información con la que cuenta el Gobierno, la cual mucha de ella es de Seguridad Nacional, y por ello se debe asegurar que la información no pueda ser pirateada por delincuentes o agencias o servicios de inteligencia extranjeros u otros adversarios.
Todos los países tienen infraestructura crítica, consistente en servicios, procesos, instalaciones, tecnologías, redes, activos, y servicios esenciales para la salud, la seguridad, energía, transporte, financiero, hidroeléctrico, aeroespacial, seguridad industrial y para el bienestar económico y el funcionamiento efectivo del gobierno, por ello debe existir una adecuada política de ciberseguridad nacional con respecto a lo que pudieran ser ataques aislados o de plano, una guerra en el ciberespacio donde nuestra nación se encuentra vulnerable a ataques contra la infraestructura crítica.
Por ello, en el lenguaje de los abogados ya encontramos palabras como “ciberespacio”, “ciberseguridad”, “ataque cibernético”, “cibercrimen”, “Delito informático”, “ciberdefensa”, etc.
La pésima política de austeridad del Gobierno Federal aunado a la falta de un verdadero plan de ciberseguridad provocó que la Secretaría de Economía, Pemex y varias dependencias más, que no cuentan con la seguridad adecuada, fueran víctimas del ataque conocido como Ransomware, que consiste en el secuestro de los datos y computadoras de la organización a cambio de liberarlo mediante el pago de un rescate, ataque que costó a nuestro país millones de dólares por la inactividad de todas las plataformas cibernéticas de la Secretaría de Economía, o los robos realizados por hackers al Banco de México que provocaron una pérdida del sistema de pagos SPEI de más de $300 millones de pesos.
Urge que las empresas y los gobiernos en nuestro país vean este tema como algo preocupante y entiendan que no basta con poner un antivirus gratuito en sus sistemas, además, no es posible que el gobierno se niegue a firmar el Convenio de Budapest creado para proteger a la sociedad frente a los delitos informáticos y delitos en internet ratificado por más de 50 países y el Congreso de la Unión haga cambios, por ejemplo, en la Ley Federal de Correduría Pública para que la misma maneje conceptos incluyentes en cuanto al sexo del titular de una Correduría, cosa a la que no me opongo, pero no se legisle para incluir en la misma conceptos que permitan mayor seguridad jurídica a los usuarios de ese tipo de servicios de fe pública que ya se prestan vía electrónica.
