Ciudad de México.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) considera que la propuesta de legalizar los «autos chocolate», hecha por el presidente Andrés Manuel López Obrador, atenta contra el medio ambiente, la economía y los empleos del país.
Mediante un comunicado la Coparmex enumeró los riesgos que supone la legalización de este tipo de automóviles traídos de Estados Unidos, pidiendo al Gobierno Federal que respete la Ley u las medidas regulatorias que existen.
“La regularización de los vehículos que se encuentran en calidad de contrabando sería un duro golpe a la economía y aumentaría la obsolescencia automotriz, México no debe ser el basurero automotriz de ningún país”.
Golpe al sector automotriz
La Confederación considera que el mercado nacional de vehículos ligeros se vio afectado gravemente durante la pandemia de COVID-19 y la legalización de “autos chocolate” agravaría su situación.
A su vez, la Asociación Mexicana de distribuidores de Automóviles (AMDA) se manifestó en contra de regularizar el estado de “autos chocolate” pues, al igual que Coparmex, considera que esto atentaría gravemente contra la recuperación de un sector.
La AMDA estima que esta reforma podría implicar una caída del 39 por ciento en las ventas de automóviles en el mercado nacional.
Empleos asociados al sector
Al caer el mercado interno y la venta de automóviles, se pondrían en riesgo los 2 millones de empleos vinculados a la fabricación de equipo de transporte y a su comercio al mayoreo y menudeo.
Caída en la recaudación
Las estimaciones de Coparmex observan la posibilidad de dos efectos negativos en la recaudación: el primero que los fabricantes dejen de IVA e ISR ante los recortes en la producción y el segundo que habrá una contracción en la captación del ISAN, el impuesto que pagan los compradores de vehículos nuevos.
Medio Ambiente
A Coparmex le resulta incongruente que las autoridades alienten la introducción de automóviles al país que, por sus elevados kilometrajes y antigüedad, son altamente contaminantes, cuando debería de trabajar en políticas orientadas a incentivar e implementar sistemas de transporte público más eficientes y sostenibles.
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