En Colima son pocos asuntos federales en materia de narcotráfico, pero la mayoría los lleva la defensoría de oficio, ya que los delincuentes son gente preparada y saben que no va a ser fácil que salgan de la cárcel y prefieren no gastar en un abogado.
De tal manera lo dio a conocer delegado estatal de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (Concaam), Abraham Méndez Palomares, quien añadió que los casos en que los delincuentes pagan a un abogado particular son mínimos.
A decir del litigante, las estadísticas de los juzgados federales hasta un 95 por ciento los llevan los defensores públicos, quienes no tienen ningún compromiso y que el propio gobierno federal les paga por hacer la defensa.
Según Méndez Palomares los presuntos vinculados al crimen organizado es un derecho constitucional el ser defendidos por abogados, por lo que no puede realizar una recomendación de no tomar este tipo de casos.
“Mientras no se les pruebe que tiene un vínculo real, tiene el derecho de ser defendido y los compañeros a percibir un salario por hace un trabajo”, apuntó.
Sin embargo, explicó que en ocasiones la delincuencia organizada no entiende que están haciendo un trabajo por lograr disminuir las pruebas que la Procuraduría General de la República (PGR), Ejército o la Marina les fabricó, reconoce o acepta.
“Y el abogado lo que hace es disminuir esa prueba para lograr una prueba mínima o una sentencia pero en ocasiones no se logra porque se tiene que gastar mucho dinero, pero todos tienen el derecho a la defensa y los compañeros el derecho a trabajar”, refirió.
Cabe indicar que en junio del año pasado, el abogado Jorge Martell Manríquez, fue acribillado fuera de su despacho ubicado en la avenida San Fernando de esta ciudad y el licenciado Zeferino Hueso Abarca, fue secuestrado en Manzanillo, en ambos casos se desconocieron los motivos.
A decir del delegado de la Concaam, en todo el país ya van 100 abogados fallecidos dentro de la llamada lucha contra el narcotráfico.
“Algunos de manera accidental, otros por venganza del propio narcotráfico, pero en el país ya llevamos muchos abogados, particularmente en los estados de Durango, Chihuahua y Guerrero”, ahondó.
Consideró que es debido a la relación que hay con las personas privadas de su libertad.
Méndez Palomares, apuntó que desafortunadamente lo jueces no saben qué hacer, ya que aunque no tengan las pruebas tienen que condenar al presunto responsable, debido al temor de perder su trabajo.
Esto da lugar, concluyó, a que en México la estadística de impunidad sea hasta en 99 por ciento.
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