Colima.- María Elena Abaroa López, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC) en el estado Colima, dijo que su partido impulsará la creación de Protocolo Estatal de Seguridad para Periodistas y una iniciativa de Ley que regule la administración de recursos públicos en la publicidad oficial de la entidad.
La encargada de presentar estas dos actividades legislativas será la diputada local, Ma. Remedios Olivera, quien representa a MC en el Congreso del Estado.
En rueda de prensa, Abaroa López, señaló que la Ley para la Protección Integral para el Ejercicio Periodístico, publicada en el suplemento No. 1 del Periódico Oficial del Estado de Colima el sábado 28 de julio 2012, en su capítulo VI del derecho a la seguridad no contempla dicho protocolo.
La dirigente refirió que solo hay un protocolo de actuación para la protección de los derechos de las personas que ejercen el periodismo emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Recordó existe una recomendación por parte de la CNDH en 2009 que está dirigida a los gobernadores de los estados, a los procuradores General de la República y de Justicia Militar para emprender las acciones necesarias contundentes con el fin de garantizar las condiciones de seguridad y prevención suficientes para que el desempeño de los profesionales de la comunicación no se vea cuartado ni amenazado por ningún tipo de circunstancia.
Añadió que en dicha recomendación se pide que se implementen políticas públicas para garantizar la seguridad de las y los periodistas, especialmente para quienes cubren situaciones de riesgo.
Sugerencia que para MC Colima hasta el momento no ha sido atendida lo suficiente, por ello la importancia del protocolo.
“Con la elaboración del protocolo de seguridad para situaciones de riesgo en el ejercicio de periodismo habremos de atender con serenidad la recomendación tan pertinente en estos tiempos”.
Por otro lado, informó que el partido naranja también trabajará una iniciativa de Ley que regule la administración de recursos públicos en la publicidad oficial en el estado de Colima, con el fin de eliminar los posibles actos de corrupción y la coerción de la libre expresión.
“Porque la publicidad estatal puede suponer por sí misma una fuente de poder que eventualmente podría utilizarse para satisfacer intereses ajenos al bien común”.
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