Colima.- Hugo Alexander Gómez Orozco, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, acompañado por Armando Quiñones, representante de la asociación Actitud 2000, dijo que su partido ayudará a tramitar amparos para los jóvenes que hayan pagado cuotas de inscripción a la Universidad de Colima, con el argumento de que al hacerlo se viola el derecho constitucional de la educación gratuita para los mexicanos.
«Surgió la propuesta de amparar ante la justicia federal a todo aquel estudiante que no pueda o no quiera pagar dicha cuota, en apego a su derecho inalienable de recibir educación pública y de calidad», dijo.
Hasta el momento, han reunido 250 solicitudes de amparo, pero ahora hacen una invitación a quienes no se hayan enterado a acercarse y a realizar el trámite para lograr por lo menos mil solicitudes y dejar un precedente para los años venideros.
¿Cuál es el sustento de los amparos?
Gómez Orozco señaló que “este tipo de cobros, además de no tener sustento legal, son irresponsables, ya que condenan a los que menos tienen a dejar de lado sus estudios.
“La cuota además nos parece innecesaria, ya que en la Universidad no existe la escasez, sino la mala administración, ya que la Universidad de Colima recibe alrededor de mil 700 millones de pesos por año, según datos del Informe Rectoral del 2013; de ese dinero, mil 350 millones, es decir, el 80 por ciento de todo, se destina a nómina y prestaciones”, agregó.
El líder de MC en la entidad explicó que en promedio la Universidad de Colima recibe 65 mil pesos por estudiante, por lo cual consideró que “la cuota es innecesaria”.
Además, respecto al señalamiento del rector Eduardo Hernández Nava sobre la utilización del dinero obtenido con las cuotas para sufragar becas, Hugo Gómez argumentó que no es justificación, pues «la Universidad destina de sus ingresos la cantidad de 6 millones de pesos en becas, el 0.35 por ciento del presupuesto total, y que no concuerdan con lo recaudado por las cuotas, que son alrededor de 40 millones de pesos por semestre”.
Opciones para ampararse
Armando Quiñones explicó los dos tipos de amparos: en el primero, si el estudiante no quiere pagar, se puede amparar para que no hacerlo y se obliga a la universidad a que pueda tomar clases en lo que se resuelve el proceso. El segundo, «si tienes el temor de represalias, puedes pagar y ampararte en un lapso no mayor a 15 días, en la espera de que cuando se resuelva el amparo, te devolverán tu dinero».
Y además, proponen una demanda civil, para que todas las personas hayan terminado su carrera universitaria puedan solicitar “el pago de lo indebido”, es decir, demandar a la Universidad para que les reintegre lo que se pagó en el bachillerato y educación superior, “porque esas cuotas nunca debieron haber sido cobradas”.
El fundador de Actitud 2000 dijo que está “mil por ciento seguro” de que los procesos penales serán resueltos a favor de los jóvenes, pues ha habido experiencias previas en varios estados de la República, donde los juzgados federales han fallado a favor de la gratuidad de la educación.
Respecto al tiempo que podrían tardar en resolverse las demandas, dijo que esperan tener respuesta de los amparos en seis meses, y del pago de lo indebido en el plazo de un año.
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