Ciudad de México.- La piratería editorial, poco a poco, de manera progresiva y como una enfermedad crónica, atenta contra la cultura nacional. Pero no sólo eso: cuando alguien decide adquirir un libro pirata financia a quienes no respetan el estado de Derecho, coincidieron en señalaron expertos de la industria editorial.
Al participar en la mesa redonda virtual “Piratería editorial”, que forma parte de las actividades de la XLII Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, Quetzalli de la Concha, gerente Legal y de Derechos de Autor del grupo editorial Penguin Random House, destacó que cuatro de cada diez libros que se consumen en el país son pirata, lo cual coloca a México en el primer lugar en venta de piratería de libro impreso.
Ese fenómeno, tolerado por el público y por las autoridades, ha ido creciendo exponencialmente. Hace 15 años dos de cada diez obras eran pirata; ahora ya son cuatro. Y eso tiene como consecuencia que el dinero por las ventas llega a la delincuencia organizada, y los autores, editores y casas editoriales que dan trabajo a más de 400 mil familias no reciben la remuneración que les corresponde.
Además, como público nos vemos afectados porque vamos matando lentamente a la industria editorial y al mercado legal de literatura en el país, remarcó la experta.
De la Concha aclaró que en este campo existen dos tipos de piratería: la industrial, es decir, de libros impresos que se encuentran en el mercado informal; así como versiones digitales ilegales en sitios pirata de internet.
En el primer caso, redes de la delincuencia organizada hacen tirajes de 20 mil o 30 mil ejemplares, y con ello lavan dinero de otras actividades que llevan a cabo, ya sea tráfico de drogas, armas o personas, así como piratería de medicamentos, tabaco o alcohol.
Los libros que se ofertan en la vía pública o en los tianguis, son pirata. El público lector debe tener claro que no hay ninguna editorial que distribuya al mercado informal, y “para asegurar que no estamos comprando piratería hay que asistir a librerías formalmente establecidas”, refirió Quetzalli de la Concha.
Añadió que los textos piratas pueden estar mal pegados, faltarles un capítulo, algunas páginas o estar encuadernados al revés, porque al delincuente le tiene sin cuidado la calidad de los ejemplares que vende, aunque de manera superficial parecen originales para engañar al comprador; y tampoco son tan baratos, a lo sumo 20 por ciento menos que un original.
Si compramos en el mercado informal está garantizado que estamos comprando piratería, y al hacerlo el dinero cae “en un sótano donde hay secuestrados, armas y drogas”. Así lo han evidenciado investigaciones a escala nacional e internacional. “Poner nuestro dinero ahí, es un suicidio colectivo”, calificó la expresidenta del Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor.
Para De la Concha la parte digital también es preocupante. Hay sitios de internet donde los usuarios pueden bajar libros “gratuitos”, cuando en realidad el objetivo es obtener información de sus datos personales y lucrar con ellos, o donde pueden ser víctimas de un hackeo en sus computadoras, junto con las cuentas bancarias, fotografías y el resto de la información que contenga el dispositivo. Peor aún, se engancha a menores de edad, lo cual puede llevar a otros ilícitos “escalofriantes”.
El consumo de contenidos ilegales en la red alcanza el 48 por ciento, según datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. En 2020, con la pandemia, la lectura en pantalla creció 40 por ciento y la facturación de libros digitales sólo dos por ciento. Esto habla de la diferencia abismal entre el consumo legal e ilegal, destacó Quetzalli de la Concha.
Por ello, hizo un llamado a adquirir de manera legal los libros en cualquiera de sus formatos, y así proteger a los autores, “oxígeno intelectual y cultural para nuestro país y nuestra sociedad”.
En la mesa moderada por David García Escamilla, director editorial de la División Comercial Infantil y Juvenil de Penguin Random House, Kiyoshi Tsuru, socio fundador y director de TMI Abogados, recalcó que el acervo cultural de una nación es lo más importante que posee; es la manera en que se expresa el espíritu de un pueblo. “Y la forma de premiar a quienes nos regalan su poesía y prosa, es la propiedad intelectual”.
Los lectores, usuarios de internet o jugadores de videojuegos son también inversionistas, y pueden elegir dónde poner su dinero: en el mercado formal o informal. Cuando se deciden por la segunda opción, recalcó, se convierten en patrocinadores de actividades ilícitas que ponen en peligro el tejido de la sociedad.
“Cada vez que ‘bajo’ un libro o un videojuego pirata, me expongo a mí, a mi familia, a mis compañeros de trabajo, a la empresa para que la trabajo y afecto a todo el país”, subrayó.
Al hacerlo le damos acceso, por una puerta trasera, a delincuentes organizados y “mi dispositivo puede acabar siendo el blanco de un ataque cibernético que puede pegarle al sistema de pagos electrónicos del país o difundir un virus que ponga en riesgo a una organización o a la sociedad”.
Para los problemas que suceden en el ciberespacio también hay soluciones que provienen de ahí. En ese sentido, Kiyoshi Tsuru aconsejó a los autores migrar a la nueva etapa evolutiva de protección del derecho de autor en el entorno electrónico.
