Veracruz.- México es responsable de una desaparición forzada en el Estado de Veracruz en 2010 con participación de autoridades estatales, supuestamente vinculadas a grupos de crimen organizado, dicen expertos en derechos humanos de la ONU, estableciendo a partir de este miércoles 7 de agosto, 180 días para informar las medidas que se tomaron para remediar la situación.
Este miércoles 7 de agosto se publicó un comunicado de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, donde se señala que México debe iniciar una investigación exhaustiva, rigurosa, imparcial, independiente y efectiva sobre las circunstancias del crimen.
El Comité de Derechos Humanos, un grupo de 18 expertos internacionales, llegó a dicha conclusión después de que las autoridades mexicanas “hicieran muy poco en términos de investigación” y los familiares de la víctima llevaran el caso al Comité.
El Comité de Derechos Humanos señaló que la investigación de un caso de desaparición forzada no podía basarse en la confesión de las autoridades posiblemente involucradas. Los centros de detención clandestinos son en sí mismos una violación de los derechos a la libertad personal, dijo el Comité en su decisión.
“Es fundamental que México empiece a procesar y castigar a los responsables de desapariciones forzadas, para poner fin a la impunidad estructural que opera en el Estado parte”, dijo Hélène Tigroudja, miembro del Comité de Derechos Humanos.
Antecedentes
Según la denuncia hecha por su familia, la víctima directa conducía su automóvil por la ciudad de Poza Rica en octubre de 2010 cuando dos patrullas de policía lo detuvieron y le obligaron a subir a una de ellas, a punta de pistola.
Su compañera, que presenció los hechos, no pudo encontrarlo en ninguna comisaría; ella y familiares de la víctima directa presentaron denuncias e identificaron a tres policías entre los responsables de la desaparición, pero su participación en los hechos fue descartada por sus supervisores jerárquicos, los cuales fueron posteriormente arrestados por supuestos vínculos con el grupo del crimen organizado “Los Zetas”.
Conclusiones
El Comité consideró que en el caso fueron violados los derechos humanos a la vida, la integridad física, psicológica, de libertad, entre otros, al llevar a cabo procedimientos fuera de tiempo, la pérdida de evidencia, además de que las investigaciones no fueron independientes, imparciales o eficaces para aclara la desaparición e identificar a los responsables.
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